Uocra inició paro en represa Cepernic

Hoy se realizó una nueva reunión en las que participaron representantes de UOCRA, representantes de UECARA, la empresa UTE y ENARSA como parte del gobierno nacional. 

"Al no tener ninguna definición sobre la continuidad o no de la obra, a partir de ese momento, comenzó un paro total de actividades y manifestación en el ingreso y egreso de la obra, no ingresará ni egresará nadie hasta que tengamos algún tipo de certeza", indicaron fuentes sindicales. 

Alerta y movilización

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) declaró este lunes el estado de "alerta" y asamblea "permanente" a nivel nacional en todas las obras públicas y privadas del país.

Según indica el comunicado oficial de la entidad, la medida "obedece a la pérdida de puestos de trabajo producto de la paralización de las obras públicas; la desaceleración de la inversión de las obras privadas en ejecución".

Además del "impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad y la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del poder ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria".

Para la UOCRA, cuyo líder es Gerardo Martínez, el contexto social y económico actual agravó en el ámbito de la construcción "por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo".

"En los dos últimos meses, se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en nuestro sector como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno", agrega el texto.

Además, el escrito hace hincapié en la obra privada: "No ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública".

Y cierra: "Es inaceptable que el Gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno; que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país".