Productores patagónicos critican la eliminación del Fondo Ovino por parte del Gobierno nacional: "La situación es compleja en todo el sector"

La decisión del Gobierno de dar de baja el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) encendió las alarmas en la Patagonia, donde la cría de ovejas es uno de los principales motores económicos. Desde la Casa Rosada justificaron la medida aduciendo que el FRAO manejaba $3.000 millones "sin ningún tipo de control" e hicieron énfasis en el cambio de condiciones desde el momento en el que se creó hasta hoy.

A través de la resolución 650 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, Nación formalizó la disolución del fondo señalando que las condiciones que motivaron su creación "no se encuentran dadas en el contexto actual". "Este ministerio, en concordancia con las políticas públicas que se vienen instrumentando, considera que la continuidad del citado fondo resulta inconveniente en dicho contexto", apuntó el Palacio de Hacienda.

Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó en sus redes sociales que "se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO)" y precisó que "manejaba 3.000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia. Desde su creación (hace ya más de 20 años) tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector".

Alarma en el sector ovino de la Patagonia

Según datos proporcionados a este medio por la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, actualmente existen cerca de 12 millones de cabezas de ganado ovino en el país, de las cuales 7 millones están en la Patagonia (casi un 60%). "La Ley Ovina fue creada hace más de 20 años. Nació en la Patagonia, por una suma de u$s20 millones, que hoy significaría $20 mil millones. Actualmente estamos hablando de una Ley Ovina que, si la analizamos desde un punto de vista de productores en la Patagonia, solamente significaría $50 mil por productor. Lo que puede financiar no es lo necesario para el sector", protestó el titular de la entidad, Osvaldo Luján.

En diálogo con Ámbito, el dirigente advirtió que la situación es compleja en todo el rubro, particularmente en el patagónico. "Tenemos costos de insumos y de la parte salarial que acompañaron a la inflación en forma completa y total, cuando el valor del precio de la lana, que es al precio del dólar oficial, no acompañó a la inflación", argumentó.

Dijo, además, que la producción ovina sigue estando casi como monocultivo en la región: "Dependemos de ciertos parámetros que no hacen al subsidio, sino a que realmente tengamos mecanismos concretos de obtener un precio por el producto. No somos formadores de precios; por el contrario, el precio se dictamina en Australia a través de los remates. Después se transforma acá en un dólar oficial que no es el que corresponde".

"El vocero habló de $3.000 millones de aportes el año pasado. La ley ovina establece $850 millones de aporte del Presupuesto Nacional en forma anual. No hay realmente un aporte de $3.000 millones en forma anual porque está fuera de la ley", lanzó.

Por otra parte, Luján defendió la transparencia del FRAO y comentó que cada provincia trabaja con un sistema de unidad ejecutora propia, conformada no solo por el sector público local, sino también por organismos técnicos nacionales como el INTA y el SENASA, además de los productores. "Eso da lugar a una evaluación de los proyectos, que son revisados a nivel nacional y aprobados. Una vez aprobados, los fondos van directamente a los proveedores de insumos. No pasan por provincias ni por ningún productor. Consideramos que la transparencia está asegurada. Para eso se rinden cuentas mensualmente y anualmente a nivel nacional", detalló.

A modo de cierre, el productor ponderó el rol social que cumple la ganadería ovina en la Patagonia, al alentar el poblamiento del territorio, y estimó que en el plano económico genera exportaciones por u$s150 millones. "Las planillas Excel no son de resultados cero únicamente. Hay que ver el análisis de la situación y cuáles son las necesidades de inversión en un campo como el patagónico, donde producir es complejo", agregó.

Además, se refirió a que la medida llegue en medio de una dura crisis climática que golpea al sur del país. "La situación del sector en Chubut es casi la misma que en Santa Cruz. El sur de Chubut tuvo la misma complejidad, con un enorme riesgo de pérdida de casi el 20% de animales en una población de cerca de un millón de ovinos. Todavía estamos en esa lucha de tener acompañamiento de Nación y de provincia para que no se abandone al productor", concluyó.

Reclamos institucionales

En paralelo, la senadora nacional por Río Negro Silvina García Larraburu (Unión por la Patria) presentó un proyecto de comunicación ante la Cámara alta, en el que considera que "las recientes medidas incluidas en la Ley Bases han afectado negativamente, a través de su sanción, el financiamiento y desarrollo de esta actividad, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los productores ovinos y el equilibrio socioeconómico de la región".

El texto -al que tuvo acceso Ámbito- recuerda que en el año 2001 se sancionó la ley 25.422 modificada en 2016 por la ley 27.230, que creó el Régimen para la recuperación de la ganadería ovina, constituyendo un Fondo Fiduciario con el objeto de destinar fondos del presupuesto nacional para recuperar la ganadería ovina nacional, mejorar la infraestructura, aumentar la producción y asegurar la sustentabilidad de la industria ovina.

"Desde su implementación, en abril de 2001, la Ley Ovina ha tenido un impacto significativo de esa industria en Argentina. Ha permitido la financiación de numerosos proyectos que han contribuido a la modernización y sostenibilidad de la producción ovina. Sin embargo, también ha enfrentado desafíos, como la necesidad de asegurar una distribución equitativa de los recursos y la adaptación a las fluctuaciones económicas y climáticas", apuntó.

Asimismo, García Larraburu apuntó que el presidente Javier Milei realizó diferentes recortes presupuestarios en el sector y que, a través de la sanción de la Ley Bases, impactó directamente en los fondos destinados a la Ley Ovina y en programas de fortalecimiento productivo tales como el Plan Lanar 2 y Prolana, "afectando negativamente los avances logrados en términos de calidad, productividad y sostenibilidad".

A la par, su compañero de bancada, el rionegrino Martín Doñate, presentó un proyecto para la recomposición de la Ley Ovina. En redes sociales, comentó que el "FRAO no existe más, como no existe más la obra pública, el fondo de incentivo docente, los subsidios y tarifas accesibles al transporte y la luz y el gas en Río Negro". "Que se le suma el aumento de la edad jubilatoria y el fin de la moratoria, el aumento de impuestos a la clase media y trabajadora y la baja de impuestos a los ricos, los tarifazos impagables a comercios, familias e industrias", se quejó en redes.

Este jueves, en tanto, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recibió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien le trasladó una serie de reclamos específicos a Nación. Dentro del menú, la delegación patagónica incluyó un temario consensuado previamente entre representantes empresariales, comerciales y públicos de las provincias sureñas, que se debatió en un encuentro realizado el miércoles.

Los dirigentes patagónicos pidieron un marco legal vinculado al hidrógeno verde; que se realice un control del ganado patagónico; la sanción de una ley ovina y prolana; la homologación por parte del Gobierno nacional de la emergencia agropecuaria y ganadera y una propuesta que ayude a las pymes de la región a resolver el pago de las altas tarifas.

Casi en espejo, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, elevó una protesta formal al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, solicitando la eliminación de los aranceles de importación de polímeros utilizados en la recuperación terciaria de hidrocarburos. A través de una carta, Torres precisó que la medida reduciría el costo operativo de los proyectos de recuperación terciaria en más del 10%, posibilitando mejorar sustancialmente la rentabilidad y avanzar a la fase de desarrollo de muchos yacimientos que hoy esperan mejores condiciones.

"La medida que se pretende promover no conlleva un perjuicio fiscal para las arcas nacionales, pero sí supone un incentivo para las cuencas petroleras maduras", aclaró el titular del Ejecutivo chubutense en el escrito, e indicó que la utilización de estos productos "resulta de vital importancia" para continuar la explotación de los yacimientos convencionales.

Fuente: Ámbito Financiero