No trabajaron por cuatro meses, cobraron sus sueldos y dijeron que hacían "quite de colaboración": 29 agentes que expuso un municipio de la Patagonia

Una grave denuncia puso bajo la lupa a 29 agentes municipales que no fueron a trabajar durante casi 4 meses, pero cobraron sus sueldos como si lo hubiesen hecho. Los denunciantes sostuvieron un "quite de colaboración" que se prolongó de manera sistemática, de julio a octubre de este año, pero a la luz de las pruebas recolectadas, el órgano contralor que los denuncia advirtió que directamente dejaron de concurrir a sus lugares de trabajo.

La situación es por demás delicada ya que el conflicto se gestó dentro de la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social, la que presta servicio a los segmentos de la población más vulnerable. La mesa de entradas y algunas áreas administrativas estuvieron comprometidas durante ese plazo de tiempo.

El escrito es resultado de una larga investigación realizada por el titular de la Contraloría Municipal, Jorge Fernández, quien tras recabar un gran cúmulo de evidencias, sostuvo en el informe: "En un abierto abuso del derecho de huelga y un menosprecio por el servicio público que deben brindar, un grupo de agentes municipales dejó de concurrir a sus lugares de trabajo. Algunos de ellos lo hicieron durante casi 4 meses, continuaron cobrando sus sueldos y abandonaron la ejecución de sus tareas en un área tan sensible como lo es la necesidad de la gente más humilde de nuestra comunidad".

De acuerdo al informe, la totalidad de los agentes municipales que adhirieron a las medidas de fuerza cobraron con regularidad sus salarios.

Fernández, además, advirtió que desde el vamos los empleados municipales estuvieron en falta porque la medida de fuerza que ejercieron como quite de colaboración es ilegítima, sobre la base de una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo que reza en el escrito presentado.

Quite de colaboración trucho

Advirtió que ni siquiera fueron contestes con la modalidad de protesta, en tanto un quite de colaboración implica que los empleados concurran a sus puestos de trabajo, marquen su ingreso y egreso y cumplan con la jornada. Nada de esto parece haber sucedido.

La documentación que acompaña en el escrito advierte sobre la existencia de notas y actas que declaran el quite de colaboración sin sellos ni firmas, y de supuestas comunicaciones entre ATE y la Subsecretaría de Trabajo que no habrían cumplido con todos los pasos previstos para el inicio de una medida de fuerza. Tampoco hubo marcaciones de control sobre el personal.

Más allá de la evidencia colectada, el contralor se preguntó por qué los empleados involucrados sostuvieron en el tiempo un reclamo de tal magnitud solo por el hecho de no contar un botón antipánico. Sostuvo que no hubo otro requerimiento desde el área. Para esto, los empleados ya habian logrado la salida del subsecretario Sergio Vivanco.

Pidió que los echen

En el informe, Fernández solicitó al intendente Carlos Saloniti, que ordene el inmediato sumario a todos los agentes implicados; que devuelvan los salarios percibidos a las arcas del municipio y oportunamente se disponga su cesantía por incumplimiento de sus obligaciones laborales. Agregó que los "salarios ilegamente percibidos tuvieron un costo para la comuna de $ 223.784.803,82".(Lmneuquen)