Gobierno cuestiona archivo del caso Valdocco tras inspección

El reciente archivo de la causa judicial sobre el Hogar Valdocco de Cañadón Seco ha generado controversia luego de que una inspección previa realizada por un equipo de funcionarios y profesionales detectara posibles irregularidades en el funcionamiento de la institución, que alberga a menores en situación de vulnerabilidad.

La inspección, encabezada por la jueza de Familia de Caleta Olivia, Rosa González, junto a representantes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la Oficina de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (OPIDNNA) y el Ministerio de Salud y Ambiente, registró varios puntos de preocupación en relación a los derechos de los menores alojados en el hogar.

Durante la inspección realizada el 6 de noviembre de 2024, los responsables del Hogar Valdocco reconocieron que los menores allí alojados no estaban protegidos bajo las medidas de protección de derechos y excepciones previstas por las leyes vigentes, como la Ley Nacional 26061 y la Ley Provincial 3062.

En base a estos hallazgos, la jueza González resolvió en ese momento intimar a la SENAF y a la OPIDNNA a que adoptaran las medidas necesarias para asegurar la plena protección de los derechos de los niños. Asimismo, se solicitó a la Fundación Valdocco la entrega de documentación que avalara la relación educativa y de salud entre las provincias de Santa Cruz y Chaco, de donde provienen varios menores, para evaluar si las condiciones estaban ajustadas a las normativas locales.

Pese a estas observaciones, días después, la jueza González resolvió archivar la causa tras escuchar a los menores, quienes manifestaron sentirse apoyados en el hogar y con acceso a actividades educativas y recreativas.

La magistrada argumentó que no existían indicios de delito y que las necesidades espirituales y sociales de los menores estaban cubiertas, aunque recomendó implementar un enfoque de Educación Intercultural Bilingüe en el hogar para adaptarse a la raíz cultural de los niños, en su mayoría de origen indígena.

Sin embargo, la decisión de archivar la causa ha generado cuestionamientos por parte del gobierno provincial, que considera que la inspección inicial expuso falencias que requerían un seguimiento judicial más exhaustivo.

Desde la administración provincial, se ha indicado que se continuará monitoreando la situación para garantizar que se implementen las recomendaciones hechas en el marco de la inspección y que se respeten los derechos de los menores según las leyes de protección infantil vigentes.