Río Grande

Condenan a la dueña de un prostíbulo por explotación económica de ocho mujeres

La propietaria de un prostíbulo en la ciudad de Río Grande fue condenada a 8 años de prisión por la explotación económica de ocho mujeres en situación de vulnerabilidad.

Redacción Nuevo Día
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Adriana del Valle Zapata fue sentenciada a 8 años de prisión y una multa de 55 mil pesos por la explotación económica de la prostitución ajena. La fiscalía fue representada por Marcelo Rapoport, con el apoyo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.

En un juicio abreviado, el Tribunal Oral en lo Criminal de esta ciudad condenó a Adriana del Valle Zapata, dueña de un local nocturno, a una pena de 8 años de prisión por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena en perjuicio de ocho mujeres. Los hechos ocurrieron entre mayo y septiembre de 2013 y se agravaron por aprovechar la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

El juez Mario Gabriel Reynaldi, a cargo del tribunal unipersonal, unificó esta condena con otra sentencia previa que Zapata había recibido en 2019 por trata de personas con fines de explotación sexual. En ese proceso, la fiscal María Lía Hermida había logrado la condena por la explotación de dos jóvenes en situación vulnerable, aunque los delitos cometidos contra las ocho mujeres en esta causa no fueron juzgados en ese momento.

Las víctimas, en situación de extrema vulnerabilidad, fueron explotadas en el prostíbulo "L'Etoile", de propiedad de Zapata. El juez destacó en su fallo que la reducción de oportunidades laborales debido al bajo nivel de instrucción y la necesidad de cubrir necesidades básicas llevaron a estas mujeres a aceptar el trabajo, sin percibir que estaban siendo explotadas.

El proceso judicial inició en mayo de 2013, tras la denuncia de una mujer que había llegado desde Mendoza bajo la promesa de un trabajo en el local nocturno. A esto se sumó otro caso ocurrido ese mismo mes, en el que otra víctima se negó a bajar de un avión en Río Grande al descubrir que el empleo prometido en una fábrica era en realidad en un cabaret.

El fiscal Marcelo Rapoport intervino en ambas causas y solicitó el allanamiento del local, donde se hallaron a las ocho víctimas que eran explotadas.


Fuente Crónicas Fueguinas

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