Chubut: la auditora interna de la UNPSJB defendió el control de gastos que se realiza

Laura Martínez, contadora a cargo de la unidad de auditoría interna de la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco", definió como "mediática" la discusión por el manejo presupuestario y advirtió que la institución es auditada constantemente desde hace treinta años.

Existe una auditoría externa de la Auditoría General de la Nación, que reporta al Congreso Nacional. En este plan anual, está previsto que la UNPSJB sea auditada en dos o tres años. "Después tenemos del Poder Ejecutivo, controles presupuestarios relacionados con la administración. Hay una normativa contable que exige presentar un balance a la Auditoría General. También lo auditamos internamente, por lo que tiene un doble control".

"La comisión parlamentaria mixta del Congreso es la encargada de aprobar el plan anual de la AGN. Y junto con la comisión de Hacienda, se controla al Poder Ejecutivo Nacional con respecto a todos los fondos que deriva y cómo se rinden. Las universidades tienen que rendir cuentas por los fondos que le remite la Secretaría de Políticas Universitarias".

Martínez admitió que a pesar de la falta de recursos y alguna limitación de personal se controla a las cinco facultades: Ingeniería, Jurídicas, Naturales, Ciencias de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales y la Económica.

La sexta unidad a controlar es el propio Rectorado. "Cada año se audita una unidad distinta, este año estamos con Rectorado. Se trabaja en base a los recursos propios y la facturación a terceros; auditamos corresponda o no por plan, la gestión académica y el otorgamiento de títulos. Auditamos desde que un estudiante se inscribe, que esté todo en regla; su proceso académico hasta la entrega del diploma. Y cuando encontramos observaciones, las vamos informando. Tenemos un plan anual. O sea, en octubre de un año vamos trabajando en el plan para el siguiente año y nuestro plan está publicado, es transparente".

En cuanto a la metodología de la auditoría interna, se trabaja sobre un control integral que trascienden los estudios contables. "Se pueden contemplar las compras; académica, contrataciones, obras, o proyectos de investigación. Auditamos el servicio jurídico, no solo el contable. Y es integrada porque la auditoría interna forma parte de la unidad auditada, que es la universidad".

Aclaró que pese a ser empleados de la Universidad se trabaja de manera independiente y objetiva al "separarse" de la gestión. "La auditoría interna, tanto en lo público como en lo privado, depende jerárquica y administrativamente de la autoridad del dueño o del accionista. Dependo administrativamente de la rectora pero funcionalmente somos independientes. No respondemos a la autoridad, no podemos recibir directrices, ni nada por el estilo y estando en funciones, estoy libre de influencia".

Los informes son públicos y puede conocerse la metodología utilizada; los procedimientos, las observaciones y la respuesta del auditor. "Puede haber desconocimiento de cómo se trabaja y al carácter independiente de una auditoría interna" resumió.

En cuanto a la intervención de la Sindicatura General de la Nación, hasta noviembre de 2022 se actuó en conjunto con este organismo. "Ellos nos decían qué proyectos hacer y nosotros le mandábamos nuestros informes al SIGEN y ellos los certificaban. Cuando no lo hacían, los devolvían y teníamos que hacer los ajustes que hicieran falta. En noviembre del 2022 dejamos de estar auditados por la Sindicatura porque acatamos un dictamen del Procurador del Tesoro, que sería como el abogado del presidente, que determinó la falta de competencia para auditar universidades. El SIGEN trabaja con una plataforma nos bajaron los usuarios, las contraseñas y nos mandaron comunicaciones formales de que no teníamos que mandarles más los informes".

Esta determinación los dejó "huérfanos de normas de control interno". Y aclaró que este nuevo dictamen implica volver a trabajar de la manera ya conocida. "En noviembre de 2022 nos quedamos sin normativa, pero alineados con la rectora decidimos no innovar en ese aspecto. Hasta no saber cómo seguimos, nos basamos en la misma normativa de SIGEN. Nos regimos por el mismo manual y la misma metodología que teníamos antes. E inclusive, por más que no era obligatorio, nuestra UI mandó el plan anual de trabajo 2024, que ya no correspondía para que se le dé el visto bueno".

Fuente: DIario Jornada