Reforma laboral: las negociaciones con la CGT están en pausa y el Gobierno analiza su postergación hasta después de las elecciones

Mucho cambió en la relación entre la CGT y el Gobierno desde aquel primer paro general a tan solo 45 días de asumir Javier Milei. Un año después, el Ejecutivo ve buena predisposición en los líderes sindicales para discutir posibles avances en materia de una reforma laboral, uno de los objetivos que se propuso Milei para 2025. Sin embargo, las negociaciones atraviesan un receso de verano y en Casa Rosada analizan postergar la iniciativa hasta después de las elecciones legislativas, una vez que La Libertad Avanza gane fuerza en ambas cámaras.

"Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones y en una profundización de la reforma laboral. En la medida en que salga la reforma laboral podemos avanzar en una reforma previsional", había dicho el presidente a fines de diciembre a modo de adelanto de los objetivos de su gestión para este año.

En ese sentido, una primera punta de lanza es el proyecto de ley que presentó la bancada libertaria para hacer modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, algunas de las cuales estaban incluidas en el capítulo laboral del DNU 70/2023 que fue frenado por la Justicia tras los reclamos del sindicalismo.

 Se trata del proyecto de Promoción de Inversiones y Empleo, presentado en la Cámara Baja a fines de noviembre por la diputada nacional oficialista Romina Diez junto a otros 14 compañeros de bancada. La iniciativa apunta a aumentar el empleo formal y entre otros cambios a la Ley 20.744 incluye un artículo que permitiría a los trabajadores renunciar a condiciones acordadas por encima de los convenios colectivos de trabajo y otro que habilitaría al empleador a introducir "todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad".

 Esta reforma es menos ambiciosa que la original incluida en el megadecreto de Javier Milei, que tenía modificaciones a las condiciones de retención de la cuota sindical (el dinero que los trabajadores aportan automáticamente todos los meses a los sindicatos), imponía reglas para la negociación colectiva, reducía las indemnizaciones por despido y limitaba el derecho a huelga en actividades consideradas esenciales.

"Nosotros no nos oponemos a ninguna modernización, de hecho lo hacemos por actividades en muchos convenios colectivos. Otra cosa es esconder detrás de una modernización laboral el desmantelamiento de la representación sindical como propone el proyecto de Martín Tetaz", le aseguró a MDZ un dirigente de peso de la central obrera, en referencia a la iniciativa del diputado radical que buscaba poner un límite a las reelecciones indefinidas en los gremios, eliminar la obligatoriedad de la cuota solidaria y establecer un cupo femenino en los sindicatos, entre otros puntos.

Pese a la buena predisposición para dialogar, el dirigente gremial aseguró que las negociaciones "están pausadas" y que "es el Gobierno el que debe mover las piezas". En ese sentido, desde la Secretaría de Trabajo que comanda Julio Cordero le plantearon a este medio que "es probable que las reuniones no se retomen hasta febrero".

En la cartera destacan "la comprensión que encuentran en los gremios que están acompañando el camino hacia la estabilidad económica, como Camioneros y Encargados de edificios", que recientemente cedieron en sus exigencias paritarias y aceptaron un incremento en sintonía a las proyecciones inflacionarias oficiales.

De esta forma, el último encuentro entre ambas partes se remonta a fines de septiembre pasado, cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el asesor presidencial Santiago Caputo y Julio Cordero se reunieron con una comitiva de la CGT para avanzar sobre los puntos de la reforma laboral que se habían aprobado en la Ley Bases. Allí se había acordado conformar una mesa tripartita con empresarios del Grupo de los 6, pero esta todavía no pudo concretarse.

De todas maneras, en Casa Rosada consideran que la cúpula sindical "no se opone a una reforma" porque "saben que les vendría bien que crezca el empleo registrado" por el incremento en los afiliados (y los ingresos) que esto representaría. Sin embargo, otra fuente con despacho en Balcarce 50 le aseguró a MDZ que "este año no va a salir". "No dan los números, pero el que viene sí, después de las elecciones. Algunos sindicalistas están empezando a entender", añadió.

Es verdad que el tiempo favorecería al oficialismo. Este año la Cámara de Diputados renovará 127 bancas y el Senado 24. En ese marco, La Libertad Avanza tiene todo para ganar, ya que solo arriesga 8 de sus 39 bancas en la Cámara baja y ninguna en la alta, donde sus legisladores entraron en 2023. Caso contrario es el de los partidos de la oposición, que en la mayoría de los casos ponen en juego la mitad o más de sus asientos.

Eso explica el optimismo. Si las urnas les sonríen a las fuerzas del cielo, el Gobierno tendrá a fin de año fuerzas renovadas para impulsar sus proyectos en el Congreso. Si en 2024 los libertarios ya lograron sancionar iniciativas ambiciosas como la Ley Bases y el paquete fiscal a pesar de su franca minoría en las dos cámaras, una nueva composición legislativa podría dejar la reforma laboral al alcance de la mano.

mdz