Investigan al senador Gerardo Montenegro de usar cooperativas para cobrar subsidios y lavar dinero

Gerardo Antenor Montenegro ocupa una banca en el Senado de la Nación desde 2013. En las últimas elecciones fue reelecto por otros seis años impulsado por el oficialismo de Santiago del Estero. En su provincia, Montenegro es más conocido por su rol de dirigente gremial: desde 1998 maneja la delegación local de UPCN, uno de los gremios estatales con mayor cantidad de afiliados. Además tiene una pata en el deporte: preside el club de básquet Quimsa, que acaba de llegar a la final de la Liga Nacional, y está a cargo de la Asociación de Clubes de Básquet (ADC).

Con esos antecedentes, Montenegro logró ocultar una historia de corrupción que lo tiene como protagonista. Concretamente, se lo acusa de estar detrás de una red de cooperativas que cobró al menos $72 millones en subsidios del gobierno de Santiago del Estero. Pero hay otro dato más llamativo: el 95% del dinero fue retirado en efectivo de los bancos para esquivar todos los controles.

Una de esas cooperativas, denominada “Solidaridad”, está íntimamente vinculada a la mujer de Montenegro, María Teresa Sciolla, y a uno de sus hijos, Javier Sciolla. Hay más: varios de los integrantes de la cooperativa, que participaron de la maniobra para retirar dinero, fueron nombrados como empleados de Montenegro en el Senado. Otros, trabajaron para la provincia de Santiago del Estero y hasta en UPCN, donde el senador es amor y señor.

Los datos forman parte de un informe confidencial aprobado por la UIF a comienzos del año pasado y girado a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que finalmente terminó presentado una denuncia por lavado de dinero ante la Justicia federal de Santiago del Estero.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el expediente contra Montenegro aterrizó en diciembre pasado en la Fiscalía Federal 2 de esa provincia, a cargo de Cecilia Indiana Garzón, una de las “candidatas” del kirchnerismo para reemplazar a Eduardo Casal en la Procuración General.

Garzón fue miembro del Tribunal Superior de Justicia de Santiago del Estero durante la intervención federal que estuvo a cargo de Pablo Lanusse, actual abogado de Mauricio Macri, y tiene experiencia en causas sobre delitos de lesa humanidad. Según pudo saber este medio, la ex procuradora Alejandra Gils Carbó la tuvo entre sus preferidas y hasta la ubicó en la PROCUNAR para controlar la información sensible que pasaba por esas oficinas.

Actualmente, Garzón es titular de la Fiscalía ante el TOF de Santiago del Estero pero también subroga la Fiscalía Federal 2. Con esos cargos formó parte de la delegación de mujeres fiscales que se reunió a mediados de abril con el ministro de Justicia Martín Soria.

Consultada anoche por Infobae, la fiscal se negó a dar detalles sobre la investigación. Apenas se limitó a confirmar que hay una causa en curso ante el juzgado federal 2 de Santiago del Estero. Sin embargo, en el entorno de Montenegro dijeron anoche a este medio que el senador “no está notificado” del expediente.

La investigación inicial dentro de la UIF apuntó a un total de siete cooperativas pero se puso la lupa sobre tres: “Solidaridad”, “Independencia” y “1 de mayo”.

En la primera figura como secretario el hijastro de Montenegro, Javier Fernando Scaciolla, junto a otras dos personas que trabajaron en el gobierno de Santiago del Estero.

Los movimientos de dinero de la cooperativa “Solidaridad” son sospechosos. Entre septiembre de 2017 y los primeros meses de 2020, de sus cuentas se extrajeron $15.870.000 en efectivo. Nunca se presentó documentación para justificar esos movimientos ante el INAES, el organismos que controla a la cooperativas.

Además, esa cooperativa le otorgó un préstamo sospechoso a una SRL denominada JMSC, propiedad de la mujer de Montenegro (80%) y del hijastro (20%). La SRL fue inscripta en 2009 para vender productos alimenticios, mercancías, y materiales para la construcción. A partir de ese momento, la sociedad modificó varias veces su contrato social. El último cambio ocurrió el 30 de abril de este año. Según figura en el Boletín Oficial, la mujer de Montenegro, María Teresa Sciolla (55), ocupa desde ese momento el cargo de socio-gerenta.

La sociedad JMSC también hizo compras muy llamativas. Según el informe de la UIF que terminó en la Justicia, en 2017 adquirió una camioneta Jeep Renegade Sport 1.8 (dominio AB 925 XQ). El único autorizado para manejarla era Javier Sciolla, el hijastro de Montenegro. Dos años después, la sociedad compró un BMW 503 221i Cabrio (dominio AD 619 MK). Los únicos autorizados a manejar ese auto de lujo eran el senador y su hijo Facundo Gerardo Montenegro. (Fuente: infobae.com)