La grave embestida contra la Corte pone en riesgo la República

Fue una declaración de guerra sin eufemismos. La jefa política del oficialismo abrió fuego, y los solados respondieron. La carta publicada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que ataca a la Corte Suprema tiene una impronta de una gravedad institucional enorme. Mucho más luego de que el propio presidente Alberto Fernández tomara como propios los conceptos de su mentora. Por eso no es sorpresivo que juristas, organizaciones defensoras de los derechos, empresarios y otros sectores de la sociedad civil hayan advertido los riesgos para la vida institucional de un ataque de esa magnitud de un poder hacia otro. 

La Vicepresidenta atacó a la Corte Suprema justo después de que se ratificara la condena contra quien fuera su compañero de fórmula y gestión, Amado Boudou, a cinco años y diez meses de prisión por corrupción. También luego de que la Cámara de Casación Penal rechazara declarar inconstitucional la ley del arrepentido; la norma que permitió descubrir las tramas de corrupción que hubo durante su gobierno. Por eso Cristina Fernández acusa que desde la Corte "se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare". "Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa", describió en su misiva. Toda la construcción discursiva apunta a meter cualquier fallo, decisión u opinión que incomode dentro de ese concepto.

El sistema republicano adoptado por Argentina contempla un equilibrio entre los tres poderes del Estado, pero también un peso institucional particular a cada uno. La misma República exige independencia del Poder Judicial por la responsabilidad superior y de última instancia que le cabe (la potestad de juzgar). La propia Constitución describe cómo debe funcionar ese equilibrio. El Presidente nombra a los jueces, pero no los audita. El Senado los avala y tiene como rol controlar su honestidad, pero no juzgar su desempeño según la conveniencia. "En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas", dice nuestra Carta Magna.

Fueron Aristóteles primero, Locke y Montesquieu después quienes sentaron las bases de un sistema republicano con división de poderes. Pero las democracias perfeccionaron esa teoría para generar garantías, evitar abusos de poder, con representación equilibrada, controles y mecanismos institucionales que permitan convivir. 

Intenciones

El oficialismo, liderado por el kirchnerismo, tiene un problema de enfoque. No considera al Judicial como un Poder del Estado y busca limar sus competencias. Lo considera un servicio y relativiza la idea de justicia.  La pregunta es: ¿Al servicio de quién? Tras las palabras de la Vicepresidenta el propio Alberto Fernández refrendó con su voz la embestida contra la Corte y lo mismo hizo el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. En el plano político ocurre algo que puede tener que ver con la la respuesta llena de ira de parte del oficialismo: no todo el Poder Judicial responde de manera automática a las presiones. Hubo demasiadas malas noticias para las intenciones del Gobierno, pues en un año de gestión las causas en las que se investiga la corrupción del Gobierno de Cristina siguen en pie y la pandemia las aletardó más que los movimientos políticos. 

La carta de Cristina y las refrendas del resto no son solo palabras, pues hay una estrategia de pinzas alrededor de la Justicia. Primero fue la reforma judicial que apunta a crear nuevos juzgados y un shock de nombramientos. Luego la modificación del funcionamiento de la propia Corte y el Consejo de la Magistratura. En simultáneo, la revisión de pliegos de todos los jueces cuyo nombramiento ya había sido acordado, pero que fue frenado y modificado. Y se sumó la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal. Ponderación de magistrados que son expresos militantes, como Ramos Padilla. 

No es que en Tribunales haya transparencia absoluta o que los jueces sean "impermeables" a presiones e impolutos. La Justicia argentina tiene sobrados ejemplos de mal funcionamiento. Pero las intenciones del poder no buscan más que satisfacer una necesidad personal y urgente de quien acusó públicamente. Ya había pasado con algunos de los proyectos del paquete denominado "Democratización de la Justicia". Pero además hay que entender que no se trata de opiniones particulares, sino de una estrategia desde el poder para debilitar a otro. Esa idea hace trastabillar a la República, busca desequilibrar la institucionalidad; la última garantía que le queda a los ciudadanos para confiar en el propio Estado.

mdzol