Otra obra social sindical fue intervenida por el Gobierno: las razones

El Gobierno decretó la intervención de la Obra Social de Vareadores por un plazo de 180 días, tras detectar numerosas irregularidades en su administración y prestación de servicios. La decisión, publicada este martes en el Boletín Oficial, fue tomada luego de una auditoría integral realizada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que encontró incumplimientos graves en la documentación, control interno y manejo de fondos.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, le permite al ministerio de Salud a prorrogar la intervención si considera que es necesario para completar la normalización de la obra social. El Dr. Alberto José Curci Castro ha sido designado en ese rol con plenas facultades de administración, en sustitución del Consejo Directivo de la entidad. El interventor deberá presentar informes mensuales a la Superintendencia sobre el estado administrativo y prestacional de la entidad, con el objetivo de reordenar su funcionamiento.

La auditoría de la SSS reveló que la obra social no había cumplido con la presentación de la documentación respaldatoria para las prestaciones solicitadas para personas con discapacidad. Además, se detectaron irregularidades en la carga de los códigos de prácticas médicas en el sistema Mecanismo Integración, y la entidad no contaba con un equipo interdisciplinario conforme lo dispuesto por la Ley N° 24.901.

Entre las deficiencias señaladas, se destacó que la obra social no efectuaba auditorías en terreno a los prestadores ni presentaba los Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF) de forma adecuada. A su vez, la Superintendencia encontró problemas en el acceso a la información por parte de los afiliados, quienes reportaron dificultades para obtener respuestas a sus reclamos y acceder a prestaciones de salud.

El informe de la SSS también reveló un considerable atraso en la presentación de los Estados de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF) y los Estados de Situación Financiera Corriente (ESFC), documentos contables clave para evaluar la salud financiera de la obra social. Desde marzo de 2022, no se habían presentado los reportes correspondientes, y se identificaron errores en las conciliaciones bancarias y en la emisión de órdenes de pago.

Otro aspecto crítico fue el aumento y posterior descenso en la cantidad de afiliados en los últimos años. La SSS advirtió que entre 2020 y 2021 se registró un crecimiento exponencial en el número de beneficiarios, seguido de una caída significativa en 2023 y 2024, especialmente entre los afiliados optantes, que representan el 86% de la población cubierta.

Asimismo, la Superintendencia de Servicios de Salud señaló que la obra social no había registrado su Plan Médico Asistencial para el año en curso y no había cumplido con las observaciones previas sobre la cartilla prestacional. Además, no se desarrollaban programas preventivos ni campañas de vacunación, y la medicación de alto costo era adquirida a través de compras directas a droguerías, sin un vademécum propio.

En cuanto a la situación jurídica de la entidad, la Superintendencia destacó que la obra social había sido inhabilitada para recibir nuevas afiliaciones por 180 días en 2022, medida que fue prorrogada en 2023 debido a la investigación en curso en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 por presunta captación indebida de beneficiarios.