Nueve condenados por los ataques al despacho de Cristina en 2022
El Tribunal Oral Federal N°2 dictó condenas para nueve acusados de los disturbios y daños provocados en el Congreso durante el debate del acuerdo con el FMI en 2022. Algunos recibirán penas de prisión efectiva, mientras que otros cumplirán condenas en suspenso.
A casi tres años de los incidentes ocurridos el 10 de marzo de 2022 en el Congreso de la Nación, el Tribunal Oral Federal N°2 dictó sentencia contra nueve personas acusadas de los destrozos en el edificio, incluido el despacho de la entonces vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.
Las penas, que oscilan entre los 2 años de prisión en suspenso y los 5 años y 9 meses de prisión efectiva, fueron acordadas en un juicio abreviado tras la aceptación de los cargos por parte de los imputados. La causa había sido impulsada por el fiscal Diego Luciani, quien sostuvo que los condenados participaron de manera coordinada en los desmanes.
Según la acusación, los imputados se alejaron de la manifestación pacífica que se realizaba en las inmediaciones del Congreso y comenzaron a arrojar piedras, cascotes y bombas de pintura contra el edificio, causando daños valuados en 14 millones de pesos. Además, un efectivo policial resultó herido tras el impacto de una bomba molotov.
Entre los condenados, cuatro recibieron penas de 2 años de prisión condicional, mientras que otros tres fueron sentenciados a 2 años y 9 meses, también en suspenso, debido a la falta de antecedentes. En tanto, Agustín Trionfini y Sebastián Esteban Franco fueron los únicos que deberán cumplir penas efectivas de 4 y 5 años y 9 meses respectivamente, debido a antecedentes previos por delitos de robo y robo agravado.
Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó que los condenados con penas en suspenso realicen una jornada de capacitación dentro del Congreso de la Nación para conocer el funcionamiento del Poder Legislativo y el valor histórico del edificio.
El Senado de la Nación, querellante en la causa bajo la presidencia de Victoria Villarruel, dio su visto bueno al acuerdo judicial. La resolución judicial marca un cierre en una de las causas judiciales derivadas de las tensiones políticas en torno al acuerdo con el FMI, que en aquel momento generó protestas en diversos sectores.