Milei enfrenta otra ley incómoda del Congreso y esta vez no tiene costo fiscal

En 1982 Peter Weir dirigió "El año que vivimos en peligro", una película que protagonizaron Mel Gibson, Sigourney Weaver y Linda Hunt (esta última obtuvo el Oscar a mejor actriz de reparto por ese trabajo). La trama gira alrededor de un periodista que debe pasar por peligrosas peripecias en medio de coberturas en una Indonesia estallada por la crisis política.

En Argentina algunos años después, en 2006, tuvimos nuestra réplica pero lamentablemente no cinematográfica sino real, con un año de altísimo peligro institucional, con manipulaciones constitucionales gravísimas en plena democracia y hechos que hoy vuelven y amenazan con desatar otra crisis del gobierno en el Congreso.

El 2006 fue un año de claro peligro institucional porque precisamente fue entonces cuando Cristina Fernández de Kirchner, que ocupaba la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que antes había presidido el riojano Jorge Yoma, se dedicó a hacer votar una serie de modificaciones para aliviarle la vida a su marido, por entonces presidente de la Nación, y facilitarle el uso de la lapicera sin demasiados controles.

Bajo la tutela de esa Cristina senadora nacieron tres leyes que fueron armando el aparato institucional del kirchnerismo, primero para Néstor y después para Cristina. Ese año la exvicepresidenta logró aprobar un cambio al Consejo de la Magistratura para licuar el poder de la oposición que la Corte Suprema luego cuestionó, la reforma a la Ley de Administración Financiera y de los Órganos de Control que le dio a los Kirchner "superpoderes" para modificar el destino del gasto presupuestario y olvidarse de los límites entre gastos de capital o corriente, y finalmente la reglamentación del uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia, garantizando un blindaje a todos los DNU que firme el presidente.

El peligro vuelve a escena

Esa pelea hoy vuelve a escena, pero con características opuestas y en algunos casos increíbles desde el razonamiento político más básico. La realidad indica que por estos días al menos dos comisiones de la Cámara de Diputados debaten unos 16 proyectos para modificar la forma en que se utilizan y ratifican en el Congreso los decretos de necesidad y urgencia.