La causa contra Alberto Fernández se reactiva tras la feria judicial

actividad judicial se retomará este lunes luego de la feria de enero -que a diferencia de otros años fue muy tranquila en términos de hechos salientes en tribunales - y tendrá ya en febrero una agenda cargada de temas de impacto político con el ex presidente de la Nación Alberto Fernández como el primer gran protagonista de ese regreso.

Es porque el martes el ex jefe de Estado tiene que presentarse en los tribunales de Comodoro Py para la indagatoria en la causa por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama Fabiola Yañez, que se había postergado dos veces el año pasado. Fernández está acusado de los delitos de lesiones leves doblemente agravadas, una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud y por coacciones y fue citado por orden del juez Julián Ercolini y a pedido del fiscal Ramiro González que investigó el caso.

Será la segunda indagatoria para el ex presidente. La primera fue a fines de noviembre en la causa de corrupción por la contratación de seguros durante su gobierno. Solo resta la indagatoria del último acusado -un ex director de Nación Seguros que vive en España- y luego el expediente quedará en condiciones para que se resuelva si Fernández es o no procesado.

Para Cristina Kirchner febrero también será un mes importante en Comodoro Py. El 12 se reinicia el juicio oral contra los tres acusados de intentar asesinarla el 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. En esa causa, este martes se intentará acceder por última vez al celular de Sabag Montiel y a fin de mes se le hará un estudio a Uliarte para determinar si es imputable o no, lo que se intentó hacer semanas atrás pero no se pudo porque no contestaba las preguntas de los profesionales.

Por otra parte, a mediados de febrero vence el plazo que la defensa de la ex presidenta tiene para apelar el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que el año pasado confirmó su condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Es el plazo que tienen todas las partes para apelar. El fiscal de Casación Mario Villar también apelará para que la ex presidenta sea condenada por asociación ilícita a 12 años de prisión.

El caso pasará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tendrá la palabra final. Nadie cree que haya una resolución en 2025 por varias razones. Primero por los tiempos propios de la causa y porque en otros expedientes de Cristina Kirchner demoró hasta cuatro años. Pero además porque es un año electoral en el que una de las expectativas es si la ex presidenta será candidata.

En el regreso de la actividad judicial la Corte tendrá las miradas puestas. Es porque funcionará con tres jueces (Horacio Rosattti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) tras la jubilación en diciembre de Juan Carlos Maqueda. Esa cantidad de jueces es la que se necesita para sacar un fallo. Ante una disidencia o la imposibilidad que un magistrado intervenga se debe convocar a un conjuez. Para eso la Corte ya fijó un reglamento.

La última vez que la Corte tuvo tres integrantes fue entre diciembre de 2015 y agosto de 2016 tras la renuncia de Carlos Fayt. Entonces quedaron Lorenzetti, Maqueda y Elena Highton de Nolasco hasta que se completó cuando llegaron Rosatti y Rosenkrantz.

Todo eso se da mientras se espera una definición sobre los postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar las vacantes que hay en el máximo tribunal que hizo el gobierno de Javier Milei. Los pliegos están en el Senado de la Nación en el medio de la rosca política. Allí es clave Cristina Kirchner porque sin los votos de sus bloques no se puede hacer ninguna designación. La ex presidenta pueda definir la Corte Suprema que trate su condena.

Las vacantes en la Corte no son las únicas. Hay un 30 por ciento de cargos de jueces nacionales y federales que están sin sus titulares. Para el Poder Judicial es un tema central porque el porcentaje se agranda mes a mes y será un tema de mucha importancia en el 2025. Desde que asumió el gobierno nacional no envió al Senado ningún pliego de magistrado para cargo vacante. Inclusive, el 2024 fue el primer año de los últimos 20 en el que no se nombran jueces nacionales y federales.

Otro tema que trae mucha polémica interna y planteos políticos fue el fallo "Levinas" que la Corte Suprema dictó a fin de año en el que estableció que las causas nacionales puede ser apeladas al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, lo que refuerza la autonomía porteña y le da más poder a la justicia local. Para los jueces nacionales la resolución es inconstitucional y se preparan para resistirla. Para mañana se espera que la Asociación de la Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación presente en el máximo tribunal un reclamo. Se sumará al que el viernes planteó el procurador General Eduardo Casal que le pidió a la Corte que suspenda la aplicación del fallo.

Pero la ciudad de Jorge Macri salió a responder y pidió que el fallo de la Corte se cumpla. "Los fallos están para cumplirse. La Corte Suprema fue clara y contundente: terminemos de una vez con el ´inmovilismo´ y avancemos con las transferencias pendientes para concretar una autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires, tal como dispone la Constitución Nacional", publicó ayer en redes sociales Gabino Tapia, ministro de Justicia de la ciudad.

El 2025 es un año de elecciones legislativas nacionales y la justicia tiene la mirada puesta ahí. En principio porque la justicia electoral tiene la organización y control de los comicios y en esa línea espera que el Congreso defina si se suspenden las elecciones PASO. La decisión es clave porque el cronograma electoral ya está en marcha y tiene plazos establecidos de presentación de listas y alianzas que se modificarían sin las Paso.

Pero también porque para el Poder Judicial una elección tiene influencia en los reacomodamientos políticos de ganadores y perdedores y cómo queda el mapa de poder. Y eso puede influir en decisiones judiciales.

Para el regreso de la actividad en tribunales se esperan otras definiciones. Una es si el ex jefe de Montoneros Mario Firmenich va a ser citado a indagatoria por la jueza federal María Servini por el atentado al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal en julio de 1976 durante la última dictadura militar. La indagatoria fue ordenada en diciembre pasado por la Cámara Federal.

Servini también debe resolver si procesa a Fabían "Pepín" Rodríguez Simón, ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri, quien volvió al país en noviembre pasado después de tres años y medio prófugo en Uruguay. Fue indagado a fin de año por amenazas a través de una tercera persona a los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López. Mientras que está pendiente su indagatoria por las presiones para que vendan el Grupo Indalo.

Por otra parte, se reactivará la causa contra el dirigente social Eduardo Beliboni que está procesado por irregularidades en el manejo de planes sociales. El juez federal Sebastián Casanello ya dio los pasos para que Belliboni y el resto de los acusados sean enviados a juicio oral y público.

Para fin de año está previsto el inicio del juicio oral por el caso de los cuadernos de la corrupción en el que la principal acusada es Cristina Kirchner junto a ex funcionarios de su gobierno y los empresarios más importantes de la obra pública del país. El Tribunal Oral Federal 7 fijó el inicio del juicio para el 6 de noviembre.

Otros dos juicios pendientes para la ex presidenta son los de "Los Sauces-Hotesur" y la firma del memorándum de entendimiento con Irán. La Corte Suprema confirmó el año pasado que los procesos se deben hacer y la expectativa es para cuando los tribunales orales fijarán las fechas.