Investigan a un hogar de niños por maltrato y explotación infantil

El hogar de menores Siand (Servicio Integral al Niño Desamparado), ubicado en la localidad bonaerense de General Rodríguez es investigado por la Justicia tras una serie de denuncias graves: aseguran que los chicos que vivían allí fueron víctimas de maltrato y explotación infantil. El instituto ya fue intervenido por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, aunque por el momento no hay imputados.

Según indicaron altas fuentes con acceso a la investigación a Infobae, entre los apuntados por la Justicia figuran Alicia Hernández, la directora del lugar, su hermana Mirta, y otros ex empleados. Hay denuncias desde el año 2019, en las que intervinieron distintos juzgados y fiscalías del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.

Hoy la causa principal está a cargo de la fiscal Gabriela Urrutia, titular de la UFI Nº 10, quien lleva adelante varias medidas para establecer qué imputación les correspondería a los presuntos involucrados. Es decir, por ahora el expediente no tiene a nadie acusado formalmente.

"Se investiga lo que pasó básicamente con los niños en los últimos dos años", dijo la fuente consultada por este medio. En ese sentido, indicaron que falta realizar muchos peritajes, en función de que el número de chicos que habrían sido explotados es elevado.

La causa, por involucrar a menores, se maneja en este momento con enorme hermetismo, aunque en medios locales y nacionales, el tema ya fue ampliamente difundido. En algunos casos, con fotos que documentan los presuntos abusos y torturas que padecían los chicos.

A fines de febrero, el caso se reactivó gracias a dos denuncias hechas en la Comisaría de la Mujer de General Rodríguez, por parte de personas que se presentaron como testigos de los malos tratos que sufrían los menores. Lo hicieron de forma anónima y bajo identidad reservada.

Ese expediente recayó en la UFI Nº9, de la fiscal Alejandra Rodríguez, quien dio intervención inmediata a la Dirección de Niñez y Adolescencia (DNyA) local, Asesoría de Incapaces y un Juzgado de Familia. También intervino Mirta Guarino, titular del Juzgado de Garantías del Joven N°1.

Las denuncias hablan de que a los chicos "los bañaban con agua fría" o "los metían a la pileta" para castigarlos. También que "los golpeaban en la espalda" y les daban comida en mal estado y medicación vencida.

Cómo fue la intervención de la otra fiscalía

De acuerdo con un comunicado oficial efectuado el 4 de abril por la propia UFI Nº9, se citó a los dos nuevos denunciantes para que ampliaran sus dichos. Sin embargo, no se presentaron. En paralelo, a las hermanas Hernández se les prohibió acercarse al hogar, al menos mientras se lleva adelante la investigación. Desde Niñez y Adolescencia le informaron a la fiscal que se encontraban "abocados a escuchar y contener a los menores" que seguían en el orfanato.

Según la comunicación, el 1 de abril se hicieron presentes en el lugar varios de los denunciantes, acompañados por medios de televisión. "Ante esta circunstancia, se convocó de inmediato al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) y la DNyA para que concurrieran al lugar a corroborar lo que mostraban las cámaras. Además, se le ordenó a la Fiscalía que en simultáneo allanase el Siand.

El objetivo era corroborar si existía lo que en el informe televisivo se estaba denunciando. El resultado del operativo fue negativo y tanto el Organismo com la DNyA indicaron que los niños estaban en "buenas condiciones". También se constató que las personas denunciadas no estaban en el lugar.

La UFI Nº9 finalmente le tomó declaración testimonial a los denunciantes, quienes ratificaron sus acusaciones contra las autoridades y empleados del lugar. Los testigos en esa audiencia no le aportaron a la fiscal Rodríguez el material audiovisual que se observó en los canales de televisión.

Sin embargo, al ver que ya había otras denuncias en contra del hogar que tramitan desde antes en la UFI Nº10, la fiscal Rodriguez remitió su expediente a su colega para que continuara con la investigación. Ese mismo 4 de abril, el OPNyA comunicó que se dispuso la intervención del Hogar Convivencial SIAND de General Rodríguez, "con el objetivo de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes allí alojados".

"La medida se consensuó en una reunión interinstitucional de la que formaron parte el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1, la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), el Municipio de General Rodríguez, los equipos competentes del OPNyA y operadores del Hogar", precisaron las autoridades provinciales.

En ese sentido, el OPNyA dijo entonces que "se evalúa la situación de cada uno de los niños, niñas y adolescentes con el propósito de proteger su integridad y sus derechos". Además, hizo un recuento de las medidas que se tomaron desde que se tomó conocimiento de la denuncia radicada en la UFI Nº9.

"Se procede en principio a desvincular a las personas denunciadas y se solicitan las medidas protectorias pertinentes ante la Justicia", dijo el Organismo, que además ratificó lo mismo que la fiscal Rodríguez: "No se encontraron señales de maltrato, ni presencia en el predio de la persona denunciada".

La investigación sigue en marcha

Pero el caso no concluyó allí. A partir de ese momento se realizaron peritajes para saber qué pasaba. Según dijo otra fuente judicial con acceso a la causa, se pidió la reubicación de los chicos en otros hogares, aunque todavía hay algunos que permanecen en el Siand.

"Explotación infantil es lo que se está investigando, pero también otros delitos y otros imputados. Estamos a la espera de resultados de medidas ordenadas. Hay denuncias de diferentes personas que relatan maltratos en el hogar. actualmente el hogar está intervenido por el Servicio Local y el Servicio Zonal", señaló la fuente consultada.

Según dijo, la fiscal Urrutia cuenta material que documentaría los abusos que padecieron los chicos, además de testimonios de ex empleados que fueron testigos de los hechos. En un breve diálogo con este medio, la fiscal que tiene a su cargo la investigación dijo que está en etapa de recopilación de pruebas para poder definir cómo avanzar en el expediente. (Miguel Prieto Toledo/Infobae)