Investigan a funcionarios de Alberto Fernández por la cesión de tierras a una ONG vinculada a falsos mapuches

Septiembre de 2021. Se autoproclamaron mapuches y tomaron tierras fiscales en la localidad de Villa Mascardi, Bariloche, Río Negro. Se encapucharon y protagonizaron cortes en la ruta 40 con fuego, piedras y palos. Hubo detenidos y hasta policías heridos. Desencadenaron un conflicto que ocupó durante meses la pantalla de la televisión y las principales tapas y portadas de los diarios. Mientras todos miraban eso, el gobierno de Alberto Fernández, en noviembre de ese año, le cedía dos hectáreas de tierra a la orilla del lago Nahuel Huapi en el parque nacional homónimo a una organización no gubernamental poco transparente. Hoy, a casi tres años del evento, el Gobierno de Javier Milei le quitó la cesión y el fiscal Carlos Stornelli inició una investigación a los funcionarios involucrados.

Noviembre de 2021. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lautaro Eduardo Erratchú, el por aquel entonces titular de Parques Nacionales, y el representante de la ONG Fundación Arcángel San Miguel por la Justicia, Igualdad y Solidaridad, Franco Daniel García Dellavalle, firmaron un convenio de comodato a través del que el Estado le otorgaba a Dellavalle la explotación de dos hectáreas de tierras con fines de turismo social. El plazo era hasta 2031, por diez años.

Hasta la actualidad no se había puesto en marcha ningún proyecto que tuviera que ver con eso, pero además la estructura de la ONG genera sospechas. Por un lado, por algunas inconsistencias en su página web y canales de comunicación, como que no informan quiénes están detrás ni tienen seguidores o contenidos en sus redes sociales; por otro, porque Dellavalle es un militante cooperativista cercano al referente social Juan Grabois y exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández. Estas son dos de las cosas que pidió Stornelli se investiguen.

Dellavalle trabajó en el Ministerio de Economía mientras la cartera estuvo bajo la órbita de Sergio Massa. Fue secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera, con carácter ad honorem, y director nacional de Inclusión Financiera y Financiamiento Social de la Subsecretaría de Servicios Financieros. Actualmente, se autodefine como "militante popular" y miembro del Movimiento Popular La Dignidad.

El fiscal persigue saber en qué términos se hizo la cesión de tierras y cómo supo Dellavalle que estaban disponibles para su uso. Sobre todo esto. Porque de acuerdo a cómo obtuvo el dato podrían conocerse intereses ocultos de personas que hasta ahora son anónimas.

"El territorio en cuestión, que pertenecía al predio de la Universidad Nacional del Sur en el Área los Rápidos, Lago Mascardi, se encontraba sin uso, circunstancia que motivó que la fundación mencionada le solicitara al exintendente del Parque Nahuel Huapi, Horacio Paradela, el espacio para el desarrollo de distintas actividades, previo a dicho otorgamiento", dice la denuncia a la que tuvo acceso MDZ.

Esto está sentado en la nota de pedido que envió Dellavalle el 4 de febrero de 2021 a Paradela, en la que expresa que su fundación tiene "la necesidad de contar con un espacio físico que permita que niños, niñas, adolescentes y adultos de distintos puntos del país puedan acceder a las propuestas recreativas y culturales que los Parques Nacionales ofrecen" y por eso pide "contar con la propiedad de la APN en el ex predio de la Universidad Nacional del Sur en Área los Rápidos, Lago Mascardi, que hoy aparentemente no tendría otro uso".

La solicitud, además, se centra en que se vuelve "impostergable poder habilitar un espacio de intercambio y desarrollo cultural, que permita a la población" con la que trabajan "conocer y disfrutar de provincias y regiones que de otra forma no sería posible". A cambio ofrece "reacondicionar, ampliar y mejorar un predio que permita darle viabilidad a este proyecto".

En este contexto, la denuncia de Stornelli señala que persigue como fin que "mediante la pertinente instrucción sumarial sea investigada y determinada la eventual responsabilidad penal que pudiera corresponderle a distintos funcionarios públicos y terceras personas que pudieran beneficiarse con la maniobra" y pide específicamente "un organigrama de la fundación con sus respectivas autoridades, funciones y misiones tanto del período actual como así también a lo largo de la gestión anterior", también "que se informe si existieron auditorías en relación a la entrega de estos territorios debiendo, en caso afirmativo, remitir las constancias correspondientes". 

Fuentes allegadas al Gobierno consideran que durante el kirchnerismo se utilizó la causa de los pueblos originarios como herramienta para la cesión de tierras, otorgamientos de beneficios y firmas de comodatos a allegados. El contexto social en la Patagonia donde desde hace años mapuches y otras organizaciones vinculadas a comunidades originarias se expresan y reclaman derechos habría servido como distracción para avanzar en estos planes.

"La entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo a presuntas comunidades indígenas y agrupaciones políticas por supuesto que no son una novedad. A lo largo del gobierno del doctor Fernández y de la doctora Fernández se reconocieron 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias. De hecho, 81 de estos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión", dijo al respecto ayer por la mañana el vocero presidencial Manuel Adorni. 

mdz