Impuesto al cheque: ¿eliminación o recurso coparticipable?

El Gobierno de Javier Milei prometió no prorrogar el gravamen comúnmente conocido como "impuesto al cheque" al finalizar su vigencia en 2027; es decir, pretende eliminarlo. Sin embargo, aún no ha dado indicios sobre cómo pretende llevar adelante su compromiso. Por el contrario, el peso que tiene esta imposición en la recaudación oficial es importante y su coparticipación es uno de los principales reclamos de algunos gobernadores.

Es válido recordar que en el contexto del debate por la aprobación de la Ley Bases en el Congreso, las cabezas de algunos distritos, principalmente los que conforman el Norte Grande, tomaron este reclamo como moneda de cambio y plantearon la necesidad de que esos recursos se envíen a las provincias que habían sufrido un recorte en los presupuestos. Los pedidos se quedaron sobre la mesa y sin definiciones.

El tema volvió a ganar protagonismo después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se reuniera con la Mesa de Enlace y les prometiera, entre otras cosas, la eliminación del impuesto a los débitos y créditos bancarios; la medida complementaria a la baja de retenciones al campo, pero llegaría poco tiempo después, prometió el titular de Hacienda.

Un proyecto de ley impulsado por la diputada salteña, Pamela Calletti, puso una vez más en agenda el reclamo encabezado por los gobernadores del Norte Grande. La iniciativa plantea la necesidad de reformar la "Ley de Competitividad" que establece el impuesto al cheque y promueve la incorporación a la masa coparticipable del 25% de la recaudación por el tributo a los débitos y créditos bancarios.

El proyecto tiene como principal objetivo, según afirmó Calletti, "compensar fiscalmente a las provincias, debido a la reducción de los recursos coparticipables que trae aparejada la modificación de diversas normativas que aún hoy no logran equilibrar los ingresos debidos a las provincias".

Impuesto a los débitos y créditos bancarios

Fue creado en 2001, por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo y representa el 12% de la recaudación tributaria; de ahí la importancia y la postura de los diferentes actores. En una punta de la cuerda, los gobernadores que exigen su coparticipación y de la otra, algunos funcionarios del Ministerio de Economía que consideran necesario mantener la vigencia del tributo.

En el medio, queda la promesa de la gestión libertaria de eliminarlo cuando llegue a su plazo límite en 2027. Una de las posibilidades que se dejó trascender es que el Gobierno habilite la compensación de lo que se paga por este gravamen con las obligaciones que genera el Impuesto a las Ganancias, tal como establece para las empresas beneficiadas dentro del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Aunque hay que tener en cuenta que esta ventaja no tiene un impacto del todo real en las cuentas de las compañías si se tiene en cuenta el avance de la inflación. La tasa efectiva que se computa como pago a cuenta es notoriamente inferior a la nominal que se encuentra escrita en las letras de las leyes impositivas.