Guillermo Francos admitió que el Gobierno podría designar por decreto a Lijo y a García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia

 El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este domingo que el Gobierno evalúa la posibilidad de designar por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia, en caso de no obtener los votos necesarios en el Congreso antes de fin de año.

 "Son todas las alternativas que tenemos en análisis, pero todavía no tomamos una decisión al respecto", declaró Francos durante una entrevista con Radio Mitre. El funcionario expresó su deseo de que la designación sea determinada por la Cámara alta, aunque reconoció las dificultades de operar en minoría: "Cuando estás en minoría todo cuesta mucho más".

 "La propuesta no fue tratada por el Senado y la Corte va a quedar con tres miembros. Hay una preocupación desde el Gobierno para que la Corte esté integrada. En la historia argentina hay de todos los casos. Lo mejor sería que lo designe el Senado", remarcó el funcionario aunque aclaró que "cuando estás en una minoría parlamentaria cuesta un esfuerzo enorme".

 En ese sentido, Francos adelantó que otra discusión similar se dará a la hora de aprobar los pliegos para ocupar vacantes en juzgados federales. "También será una discusión, habrá muchos debates. Ya tendremos más legisladores como para poder estar en una posición más fuerte", comentó.

Esta semana, la senadora kirchnerista por Catamarca, Lucía Corpacci, aportó la novena firma necesaria para el dictamen del pliego de Lijo en el Senado, y permitió que el pliego sea sometido a votación. Sin embargo, aún no están garantizados los dos tercios de los votos requeridos para su designación.

En diciembre la Corte quedará con tres integrantes ya que se jubilará Juan Carlos Maqueda, que el 29 de ese mes cumplirá 75 años, la edad límite para integrar el Máximo Tribunal. La Constitución establece que cualquier juez, luego de cumplir 75, puede permanecer en el cargo por otros cinco años, si el Presidente vuelve a proponerlo para continuar y el Senado aprueba su pliego, en un proceso igual al nombramiento de un nuevo juez. En el caso de Maqueda, Milei no se lo propuso, por lo tanto pasará a retiro.

"Yo no tuve tiempo de entrar en eso, porque nueve meses, diez meses antes me notificaron que a los 75 años me tenía que ir", dijo Maqueda la semana pasada en referencia al comunicado que envió el Presidente el 20 de marzo de este año, en el que informaba que nominaba a Manuel García Mansilla para su lugar. Sobre la chance de seguir en el cargo, Maqueda agregó: "No es para mí un drama irme a los 75 años, después de 22 años en la Corte, pero estando bien, como lo estoy yo, podría haberlo pensado, pero no lo pensé. No tuve tiempo".

Desde hace meses el oficialismo se encuentra en una carrera contrarreloj para lograr dictamen en la Comisión de Acuerdos del Senado para las nominaciones de Lijo y su par de perfil académico, Manuel García Mansilla. En agosto, ambos habían expuesto sobre sus postulaciones ante la Comisión de Acuerdos durante sendas, extensas audiencias públicas, y desde entonces sus pliegos habían quedado habilitados para ser tratado, sin requerimientos de una nueva reunión para llevarlo al recinto. Sin embargo, debido a la carencia de votos, el oficialismo se vio obligado a posponer indefinidamente la convocatoria a una sesión para debatirlo.

Después de los discursos de ambos ante el Congreso en el inicio del segundo semestre, durante las últimas semanas la Casa Rosada intensificó las negociaciones para asegurarse las nueve firmas necesarias de los 17 miembros de la comisión. Y en el inicio de octubre, hace dos meses, el optimismo del Gobierno estuvo en alza. De hecho, en el entorno de Milei aseguraban que estaban tan sólo a una firma de distancia de obtener dictamen, al menos para Lijo.

El eventual dictamen para Lijo sería una victoria del asesor de Milei Santiago Caputo y su brazo político en el ministerio de Justicia, Sebastián Amerio, que llevan las negociaciones con los senadores y los gobernadores con urgencia y buscan que los pliegos se traten antes posible para evitar que el debate coincida con la campaña previa a las elecciones del año que viene. "Más adelante se va a complicar más", dijeron al filo del cierre de las sesiones ordinarias, que terminan el 30 de noviembre.

Como mínimo, esperan que se emita un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría en sentido opuesto, para que ambos sean llevados al recinto del Senado para que los senadores decidan. En el peor de los casos, creen que podría postergarse el tratamiento, es decir, que la comisión decida no tratar el pliego de inmediato por falta de consenso. De todas formas, en medio de las negociaciones por el Presupuesto, el Gobierno baraja la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para abordar el tema a pesar de la proximidad del año electoral.

Fuente: Infobae