El motivo que también explica la caída de la violencia narco en Rosario

La provincia de Santa Fe cierra el 2024 con una disminución de la cantidad de homicidios del 55,5%, del 64,7% en el departamento Rosario y del 52,9% en La Capital con respecto a igual período del año anterior. Probablemente pocos imaginaron en tan breve tiempo una baja tan abrupta.

Fue producto de mayor presencia policial, sí. Que hubo un plan articulado con el Gobierno Nacional que se hizo cargo del problema y respaldó con Fuerzas Federales, sí. Que los controles hacia el interior del Servicio Penitenciario se profundizaron, sí. Que se establecieron pabellones diferenciados y cortaron beneficios que antes tenían los internos, sí. Que mejoró el equipamiento para la policía, también.

Como también es cierto que, por lo menos hasta el momento, esos hechos más la sanción de leyes permitieron complementar las acciones concretas. Una de ellas, es la Ley 14.239 de adhesión a la Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, conocida como "de microtráfico", sancionada en diciembre del 2023.

Desde que comenzó aplicarse, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo facultado para desarrollar las investigaciones de este tipo de delitos y así descomprimir el sistema federal. De esta manera investigó a 5.700 personas por venta minorista de droga y solicitó el derribo de 45 búnkeres en toda la provincia de Santa Fe.

"El abordaje del microtráfico es uno de nuestros objetivos priorizados por su relación con los casos de violencia extrema", sostuvo la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, y agregó que "las investigaciones que venimos realizando impactaron claramente en la baja de los índices de violencias, especialmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe".

Además, según los datos de Fiscalía, se realizaron 500 allanamientos, los fiscales participaron de 900 audiencias, 833 personas fueron imputadas y 100 fueron condenadas.

"La nueva ley nos permitió investigar los hechos y el fenómeno criminal de manera integral, lo cual impactó claramente en la baja de los índices de violencias, especialmente en los grandes centros urbanos", reconoció Vranicih. Entre las primeras medidas que se dispusieron fue la creación de un Equipo de Trabajo especializado en microtráfico y la coordinación entre las distintas áreas.

El derribo de los 45 búnker, además del valor simbólico que representa, permitió pacificar y recuperar el control de barrios que estaban cooptados por la violencia extrema, destacaron desde el MPA.

Desde el MPA entienden que la persecución penal del microtráfico debe ser realizada de manera articulada y coordinada con todas las instituciones del Estado, en particular con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, gobiernos locales, gobierno provincial y gobierno nacional para obtener mejores resultados y que puedan sostenerse en el tiempo.