El gobierno nacional suspendió las recompensas para buscar prófugos de la dictadura

El ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, dejó de ofrecer dinero como recompensa para quienes aporten información sobre los militares, policías y civiles prófugos que están siendo investigados por la Justicia por su participación del plan de represión ilegal durante la última dictadura militar.

Hasta el 24 de marzo, el Programa Nacional de Recompensas tenía publicadas unas 22 fotografías de los imputados por delitos de lesa humanidad que son buscados por el Estado. Por cada uno de ellos se ponía a disposición de una suma de $5.000.000 para los que suministren datos relevantes sobre el paradero de los prófugos. Sin embargo, ahora solo queda una búsqueda activa: la de Aníbal Miguel Sánchez, un oficial del Ejército de Mercedes acusado como partícipe necesario de homicidio calificado de 8 personas, el secuestro de otras 36 y torturas en cinco ocasiones durante el plan de represión ilegal diseñado por la Junta Militar.

El programa de búsqueda de personas está vigente desde el 2008, a través de la ley 26.375. La norma creó el Fondo de Recompensas y en su artículo sexto establece que "el ofrecimiento de la recompensa se realizará por el plazo de doce meses a partir de la fecha de la resolución que la establezca, pudiéndose prorrogar sin limitación o restablecer conforme lo considere la autoridad de aplicación".

Ahora bien, el Ministerio de Seguridad cuenta con atribuciones para continuar o no con la solicitud de información. El 24 de marzo de 2023, el entonces titular de la cartera, Aníbal Fernández, prorrogó los avisos de recompensa para encontrar a 21 de los prófugos. Tenían un plazo de 12 meses y no fueron renovados este año. Quienes conocen del tema apuntan que no es necesario un oficio judicial para restablecer los avisos. De hecho, la propia Bullrich reinstauró en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, las recompensas a una treintena de represores.

De ese conjunto de recompensas sólo permanece vigente la de Sánchez, que había sido impulsada por el juez federal Daniel Rafecas- porque la resolución que la otorgó se firmó el 11 de abril del año pasado. Su pedido de captura fue emitido en abril de 2018.

Según la información oficial de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), hay 36 personas que eludieron a la Justicia en las causas de lesa humanidad. En la jurisdicción de Bahía Blanca hay dos prófugos: Carlos Alberto Arroyo y Miguel Ángel García Moreno. De Arroyo hay una publicación que lo da por muerto y García Moreno escapó en 2008 cuando se lo convocó a comparecer ante el tribunal.

Las recompensas que se cayeron eran del ex subcomisario de policía Emilio Alberto Rimoldi Fraga, el ex penitenciario de La Plata Jorge Luis García, los ex militares que formaron parte del Destacamento de Inteligencia 144 Héctor Adán Giménez y José Luis Piedra, el civil Eduardo Rebechi, el ex policía de Santa Fe César Heriberto Peralta, el ex militar mendocino Jorge Gallo Linares, el civil que fue personal de inteligencia en Rosario Carlos Gabriel Jesús Isach, y el ex militar de Bahía Blanca Carlos Alberto Arroyo (estaba detenido y se escapó en 2013).

También estaban dentro del programa oficial de búsqueda los ex integrantes de la Armada en Mar del Plata Horacio González Llanos y Luis Esteban Kyburg, el civil Fernando Federico Delgado, el ex policía federal Juan Carlos Linarez, el teniente coronel de Bahía Blanca Miguel Ángel García Moreno, el ex policía federal de Santa Fe Antonio Tuttolomundo, los ex miembros del Ejército en Rosario Miguel Ángel Vera y Gustavo Francisco Bueno, el ex miembro del Ejército en Salta Oscar Chapur, el ex teniente coronel tucumano Héctor Mario Schwab y el ex miembro del Ejército en Formosa Ángel Ervino Spada.