El Gobierno nacional eliminó Programa de microcréditos para pequeños emprendedores
El Gobierno dispuso la disolución del programa por su "ineficiencia operativa" y un "sobredimensionamiento", del gasto.
El Gobierno dispuso la disolución del programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, así como el registro de instituciones, el fondo nacional y la comisión nacional de coordinación de la entidad, tras comprobar su "ineficiencia operativa" y la existencia de una estructura sobredimensionada, además de no haber cumplido con los objetivos para los que fue creado.
La disolución del programa se concretó mediante el decreto 1094/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, que deja sin efecto a la iniciativa creada en 2006 a través de la ley 26.117.
El decreto también establece que el personal que revista en la planta permanente del organismo disuelto "pasará a situación de disponibilidad" y quedará "bajo la dependencia administrativa y disciplinaria del Ministerio de Capital Humano".
Los gastos del programa
En un informe de septiembre elaborado por la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria del Ministerio de Capital Humano se indicó que el gasto mensual en personal de la Comisión del programa fue de $ 100.584.210, "lo que anualizado asciende a $ 1.307.594.730".
Esa suma supera el presupuesto total asignado al programa para todo 2024 ($ 1.178.796.541), de lo que solo se ejecutaron $ 64.780.204 millones al 5 de septiembre, es decir, el 5,5%.
El decreto señala que la situación "pone de manifiesto una evidente ineficiencia operativa y un claro sobredimensionamiento de la estructura de la Comisión, en tanto los gastos anuales en personal exceden significativamente los recursos destinados al cumplimiento de su objetivo principal de capitalizar a las Instituciones de Microcrédito".
Deficiente administración
Asimismo, se señaló que desde 2006 se pagaron expedientes por $ 3.341,5 millones para la capitalización de instituciones de microcrédito pero a septiembre se registra una cartera activa de $ 751,2 millones, "lo que evidencia una deficiente administración del Programa por parte de la Comisión Nacional, que ha provocado la dilapidación de recursos públicos que debían ser destinados exclusivamente al cumplimiento de los fines del Programa de Microcréditos".
Por otra parte, se sostuvo que "las instituciones de Microcrédito adheridas al Programa carecen de la capacidad técnica y la experiencia necesaria para gestionar eficientemente los fondos asignados", al punto que de las 209 entidades activas, solo 117 cuentan con más de 10 créditos activos.
Además, se precisó que la cartera activa "presenta una tasa de morosidad superior a 31días del 42%, la cual excede considerablemente los estándares de las instituciones de microfinanzas especializadas, que registran niveles de morosidad por debajo del 10%"
"Esos resultados demuestran una deficiente gestión del riesgo crediticio por parte las Instituciones de Microcrédito que compromete la sostenibilidad del Programa", lo que le permite concluir al Gobierno que la iniciativa "no ha alcanzado sus objetivos".
Sin registros
Al respecto, remarcó que en los 19 años de existencia del programa "no se ha implementado un registro formal de las instituciones de microcrédito, ni se han aplicado sanciones frente al incumplimiento de las obligaciones que dicha normativa impone, lo cual refleja una falta de control y supervisión efectiva en la ejecución".
"El otorgamiento de financiamiento constituye una actividad que debe ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado o público", planteó el Gobierno en los considerandos del decreto, en el que se advirtió que esas entidades, así como otras sin fines de lucro, "cuentan con líneas de microcréditos activas destinadas a pequeños emprendedores, lo que indicaría la capacidad del sistema financiero para satisfacer esta demanda".
En consecuencia, el Gobierno concluyó que la disolución del programa "optimizará la asignación de los recursos públicos, evitando la continuidad de un esquema ineficiente y dilapidador, con la finalidad de garantizar una mejora en el funcionamiento y racionalización del Estado".
Fuente: BAE Negocios