El gobierno definiría del salario mínimo por decreto esta semana
El Poder Ejecutivo determinará esta semana una suba del piso de remuneraciones tras el fracaso en la reunión entre gremialistas y cámaras empresarias del jueves pasado.
La decisión, que impactará en los montos de algunos programas sociales, se dará en el marco de una suba pronunciada de la pobreza en el primer mes del año tras la escalada inflacionaria, según estimaciones privadas.
Así lo aseguraron a Infobae fuentes oficiales, que estimaron que el laudo de la presidencia del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que corresponde a la Secretaría de Trabajo, podría tener lugar entre el martes y miércoles de esta semana.
El monto no está determinado -la CGT y las dos CTA reclamaron una actualización del 85% y los empresarios no realizaron ninguna propuesta- pero se tratará de una cifra sensible para las cuentas públicas.
Efecto sobre programas sociales
El incremento del salario mínimo tiene menos impacto en el sector privado porque la mayoría de los convenios colectivos de trabajo ya pagan sueldos mínimos por encima de los $156.000 del piso de remuneraciones vigente.
De esa forma, el efecto más notorio es hacia el propio Estado: los montos de programas como el Potenciar Trabajo, las Becas Progresar o el seguro de desempleo se mueven de acuerdo a la variación del mínimo de ingresos laborales.
En el Gobierno aún no arriesgan una cifra sobre qué incremento del SMVM determinarán esta semana, pero se asume que será menor al salto hasta $288.600 que buscaban las principales centrales obreras. Con una actualización de esa magnitud, el salario mínimo recuperaría todo el poder de compra que perdió en los últimos ocho años.
Según estimaciones del centro CIFRA de la CTA, con la nominalidad actual, los $156.000 del salario mínimo vigentes superarían los casi $273.000 del piso remunerativo a fines de 2015. En los últimos cuatro años, según ese mismo centro de estudios, en ese lapso el salario mínimo perdió un tercio de su poder de compra.
El aumento que termine por definir el Gobierno nacional implicará un costo fiscal por la actualización de esos programas sociales, principalmente el Potenciar Trabajo, que alcanza a 1,2 millones de personas y que paga medio salario mínimo a cambio de una prestación laboral de 4 horas en distintos rubros como trabajo en cooperativas, en comedores y merenderos, construcción, limpieza o agricultura familiar.
La Casa Rosada busca recortar partidas para este renglón del gasto, que considera irregular por tratarse de asistencia social "intermediada" por organizaciones sociales. En el excel del Ministerio de Economía el ajuste presupuestario para el Potenciar Trabajo debería rondar el 0,4% del Producto Bruto, unos $750.000 millones, una parte menor de los 5 puntos porcentuales del PBI que necesita Luis Caputo para llegar al déficit cero en 2024.
De todas formas, como comparación, es un monto similar al que hubiese aportado, por ejemplo, la reversión de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.