Despidos masivos: Milei avanza con su "plan motosierra" en el sector público.

El presidente Javier Milei ha lanzado una enérgica campaña para reducir el gasto público, implementando el denominado "plan motosierra" sin demoras. Durante su participación en el IEFA Latam Forum, anunció su intención de eliminar 70.000 contratos antes de finales de marzo, aunque su vocero aclaró que solo 15.000 serán dados de baja inicialmente. Manuel Adorni salió a aclarar: "Hubo bastante confusión con respecto a los números, así que está bueno aclararlo. El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000; de esos, hay 15.000 que serán dados de baja al 31 de marzo. El resto (alrededor de 55 mil) se renovará por otros seis meses y luego se seguirá avanzando", especificó.

Sin embargo, datos oficiales indican que en la Administración Pública Nacional hay 333.853 trabajadores, con 35.124 bajo contratos temporales, algunos por décadas. Organismos como CONICET tienen hasta el 40% de su plantilla bajo esta modalidad.

"Actualmente los contratos administrativos son aproximadamente 1.300 y hay 10.800 becas, que son estipendios que se dan por plazos predeterminados (5 años para las doctorales, 3 para las de finalización de doctorado y posdoctorales). Con estas becas el Estado, desde 1960, asiste a personas que desean obtener un doctorado y formarse como Investigadores", informó el doctor Jorge Aliaga, quien forma parte del directorio del CONICET.

En la Comisión Nacional de Energía Atómica en el 100% de los casos (4.074 trabajadores), se encuentran trabajando bajo esa modalidad, según el INDEC. No obstante, distintas fuentes de la CNEA han reportado que hay aproximadamente 600 personas entre becarios y bajo contrato, y que el resto ya pertenece a la planta permanente.

También en el Ministerio de Salud el 55% de la planta se encuentra en esta situación (4.745 trabajadores) así como la Casa de Moneda, en la que el 99% de los empleados (1.378) se encuentran bajo contratos temporales.

En el PAMI hay 1.597 contratos, el 11% de la planta; en el Ministerio de Capital Humano 1.445 (8%); en el Ministerio de Economía 1.198 (15%) y en el Ministerio de Infraestructura 1.025 (35%), entre otros casos.

La medida ha generado preocupación en la comunidad científica, ya que se espera una reducción significativa en becas doctorales y oportunidades para jóvenes investigadores, lo que podría impactar en la capacidad investigativa del país y su presencia en el ámbito académico global.

El gobierno argumenta que estos recortes son necesarios para sanear la economía y reducir la presión impositiva, aunque las consecuencias en medio de una recesión económica son inciertas. La medida podría enfrentar una ola de litigiosidad, ya que los trabajadores temporarios tienen derechos similares a los permanentes y podrían reclamar en la justicia laboral si consideran que fueron despedidos de manera injusta.

Un trabajador temporario podría tener derecho a reclamar ante la justicia laboral una vez finalizado su contrato, por ejemplo: si el trabajador considera que el contrato temporal fue utilizado de manera indebida para encubrir una relación de trabajo de carácter permanente, que son los casos más frecuentes, en especial aquellos contratos de más de cinco años de duración.

Además, se ha señalado que los recortes no solo afectan a los trabajadores temporarios, sino también a agencias gubernamentales que se consideran innecesarias o redundantes, así como a empresas estatales que se planea privatizar. La Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y la AFIP son ejemplos de entidades donde se ha anunciado una reducción significativa de infraestructura y personal.

Por último, la Unidad de Datos de Infobae ha proporcionado un registro detallado de la dotación de empleados de la Administración Pública Nacional entre julio de 2022 y enero de 2024, disponible para su análisis. Esta información arroja luz sobre la magnitud del desafío que enfrenta el gobierno en su intento por reformar el sector público.

(Fuente: Infobae)