Código penal: el gobierno creo una comisión para reformarlo

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, creó una comisión para modificar y actualizar integralmente al cuerpo normativo,  con el objetivo de alcanzar "una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal, abordando las modificaciones necesarias", según los argumentos.

El lunes el Decreto 188/2024 le otorgó las atribuciones al Ministerio de Justicia y hoy  a través de la Resolución 25/2024 éste ministerio estableció la creación de la comisión que estará conformada por cuatro abogados y el ministro Mariano Cúneo Libarona, quienes trabajarán "ad honorem".

Según los considerandos de la norma, el Código Penal "ha sido objeto de múltiples reformas, las que importaron la introducción de modificaciones tanto en su Parte General como en su Parte Especial, afectando seriamente a lo largo del tiempo su coherencia interna original".

Además, señala que "se han promulgado diversas leyes que incorporaron tipos penales sin integrarse al Código Penal de la Nación, lo que ha resentido la sistematicidad del régimen punitivo, e implica en la práctica apartarse del criterio de codificación unificada en materia penal, tal como lo determina el artículo 75, inciso 12 de nuestra Constitución Nacional".

La Resolución recuerda los intentos de reforma del Código que se impulsaron a través de la conformación de comisiones en 2004, 2012 y 2017, pero que nunca se alcanzó el objetivo.

La comisión deberá tener en consideración, "por un lado, los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y por otro, los avances en materia de integración regional del país, favoreciendo la armonización de la legislación en sus aspectos fundamentales a fin de promover y facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada".

"Que de igual manera, resulta imprescindible que la normativa punitiva nacional sea adecuada a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción, y de lavado de dinero y ciberdelito", añade.

"Que, en definitiva, los antecedentes históricos y las circunstancias de actualidad referidas, han llevado en los últimos años a la conformación de un criterio generalizado y prácticamente unánime, en orden a la necesidad de una reformulación integral y totalizadora de la legislación penal", señala la resolución en sus considerandos.

(Fuente: infobae)