Alerta por 1.600 despidos y profundización del ajuste en Vialidad Nacional en todo el país

En un giro drástico en la política vial del país, Vialidad Nacional puso en marcha un severo plan de ajuste que contempla el despido de 1.600 empleados, reduciendo su plantel operativo de 5.400 a 3.800 agentes. La medida, impulsada por el administrador Marcelo Campoy y alineada con las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, busca disminuir costos y transformar estructuralmente el organismo. Este recorte se produce en el marco de la derogación de la ley 505/58, que definía a Vialidad como una entidad autárquica con funciones clave en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial.

El impacto de los despidos será especialmente fuerte en el «Distrito 1» de la provincia de Buenos Aires, el más grande del país. La selección del personal afectado ha estado a cargo de funcionarios recientemente incorporados al organismo, vinculados con La Libertad Avanza. Entre ellos, Martín Luis Augusto y Vanesa Viviana Gioia, ambos con antecedentes políticos pero sin experiencia en gestión vial, han liderado la confección de la lista de desvinculaciones.

Junto con los despidos, el ajuste también incluye la paralización de todas las obras viales en curso, sin considerar su grado de avance. La justificación oficial se centra en restricciones presupuestarias que impiden la continuidad de los proyectos, afectando directamente a la infraestructura y seguridad vial del país. Esta decisión impacta tanto a los trabajadores del organismo como a las empresas contratistas, que ven suspendidos sus contratos de manera indefinida.

A su vez, el recorte coincide con el vencimiento de la concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), responsable del mantenimiento de la Autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria. A partir del 9 de abril, el Estado asumirá temporalmente el control del corredor vial y eliminará el cobro de peajes en varias estaciones. Sin embargo, la transición deja en la incertidumbre a casi 500 empleados de la concesionaria, quienes no serán absorbidos por la administración pública y dependen de futuras decisiones empresariales para su reincorporación laboral.

Las medidas adoptadas por Vialidad Nacional han generado un fuerte rechazo de sectores sindicales y trabajadores, quienes denuncian la pérdida de puestos laborales y el deterioro de la infraestructura vial como consecuencias directas del ajuste. Mientras tanto, el gobierno sigue avanzando en su plan de reestructuración, con el objetivo de privatizar servicios y reducir la intervención estatal en la gestión vial del país.

Fuente: INfoGremiales