Pablo Grasso cargó contra el gobierno provincial por la salida de YPF de Santa Cruz: "No vamos a ser cómplices con nuestro silencio"
El intendente de Río Gallegos publicó un documento en el que apuntó contra el gobierno por la ida de la petrolera estatal.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, publicó un documento este martes titulado No vamos a ser cómplices en el que se refiere a la salida de YPF de la franja norte de Santa Cruz.
Grasso criticó al gobierno provincial por "el aval cómplice y la inacción" y lo acusó de "habilitar el retiro voluntario o la jubilación forzada de alrededor de 2.500 trabajadores petroleros para reducir costos operativos".
El documento completo a continuación:
"Hace poco más de un año el Gobernador Claudio Vidal anunciaba un acuerdo histórico con YPF para lograr la reversión de las áreas convencionales en favor de la Provincia. Meses después afirmaba que había empresas preparadas para hacerse cargo, aseguraba que no se bajarían equipos, que la inversión crecería y que se incrementarían los puestos de trabajo.
Hoy la petrolera YPF, con el aval cómplice y la inacción del Gobierno Provincial, abandona definitivamente los yacimientos maduros de Santa Cruz, habilitando el retiro "voluntario" o la jubilación forzada de alrededor de 2.500 trabajadores petroleros para reducir costos operativos. Aquellos que no se adhieran corren el riesgo de ser desvinculados el mes siguiente, sumándose a los que ya estuvieron recibiendo telegramas de despido en enero.
Más allá de la pérdida de ingresos tras años de estabilidad laboral, la principal preocupación es la edad y los problemas de salud que afectan a quienes han trabajado durante décadas en la industria hidrocarburífera. Para las empresas del sector, un trabajador que supera los 40 años es considerado "descarte", debido a los problemas físicos que genera el trabajo en el campo. Es decir que quienes aceptan el retiro voluntario solo se aseguran "pan para hoy y hambre para mañana", ya que quedan sin posibilidades de reinserción laboral.
Los empleados son puestos contra la pared: se los llama individualmente y se les da la opción de aceptar el retiro voluntario o ser despedidos el próximo mes con una indemnización menor. Además, en la letra chica del acuerdo que firman se especifica que "quienes acepten el retiro voluntario no podrán reingresar a la industria petrolera por un mínimo de 5 años".
Lamentablemente, en el año 2024 Santa Cruz estuvo entre las provincias que más pérdida de empleo privado experimentaron a nivel nacional. A esto se suma la crisis en el sector de la construcción, ya que las obras de las represas "Presidente Néstor Kirchner" y "Gobernador Jorge Cepernic" están paralizadas desde inicios de 2024, dejando sin empleo a 3.500 trabajadores de la UOCRA.
A pesar del relato de una supuesta conciliación obligatoria y un costosísimo viaje a China con una numerosa comitiva, no se vio resultado cierto alguno. Hace un año advertimos que este supuesto nuevo modelo político, propuesto a nivel nacional por el presidente Milei y apoyado e imitado por el Gobernador Vidal, proyectaba una transferencia de recursos sin precedentes desde los sectores más postergados hacia los grandes poderes concentrados y el retorno de los paradigmas neoliberales que tanto daño hicieron a nuestra sociedad en décadas pasadas.
Hoy esta afirmación se materializa en decenas de equipos que abandonan los pozos maduros de YPF, y con ellos se desvanece el futuro de cientos de familias santacruceñas que quedan sin trabajo o son forzadas a aceptar retiros voluntarios bajo condiciones extorsivas. Esto representa un golpe directo a la economía regional de la zona norte de Santa Cruz, afectando a nuestros vecinos de Pico Truncado, Caleta Olivia, Koluel Kaike, Cañadón Seco, Jaramillo, Fitz Roy, Las Heras, Perito Moreno, Puerto Deseado y a todos los santacruceños que dependen directa o indirectamente de esta industria.
Desde nuestro espacio, claramente opuesto a estas decisiones políticas entreguistas que profundizan el desempleo, generan desigualdad y atentan contra nuestro medioambiente, exigimos que se implementen urgentemente mecanismos para proteger y salvaguardar los intereses de las familias santacruceñas. No vamos a permitir que, por intereses de unos pocos, la mayoría de los trabajadores sean los que paguen el costo. No vamos a ser cómplices con nuestro silencio. Esto no era lo prometido. Los trabajadores de la construcción no son "la casta". El "cambio" no eran 2.500 petroleros despedidos de un día para el otro. Y la realidad no se transforma por cartas documento. Necesitamos acciones concretas y pensadas para toda la sociedad santacruceña".