Política

La Corte avanza en la Causa Vialidad y, ¿complica a Cristina?

Tras la renuncia de García Mansilla, la Corte Suprema dio un paso clave en la Causa Vialidad, donde Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en dos instancias. El máximo tribunal envió el expediente al procurador general interino para que dictamine sobre el recurso del fiscal Mario Villar, quien busca ampliar la condena por asociación ilícita. La decisión final podría tener impacto directo en las elecciones y en el futuro político de la expresidenta.

Redacción Nuevo Día
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación reactivó este martes la Causa Vialidad, que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de la salida de Manuel García Mansilla del tribunal. En un movimiento clave, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron remitir el expediente al procurador general interino para que se expida sobre el recurso presentado por el fiscal de Casación, Mario Villar. Si bien su dictamen no es vinculante, podría influir significativamente en la resolución del máximo tribunal.

El caso judicial, que ya lleva varias instancias, incluye 17 recursos de queja, entre ellos el de la defensa de Fernández de Kirchner, quien busca revertir la condena por administración fraudulenta impuesta por el Tribunal Oral Federal 2 y ratificada por la Cámara de Casación. En caso de que la Corte rechace este recurso, la condena quedará firme, lo que implicaría su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la posibilidad de cumplir prisión domiciliaria, debido a su edad.

Esta definición judicial podría alterar el mapa electoral de este año. Cristina ya dejó trascender su intención de postularse en la provincia de Buenos Aires, lo que suma presión a la resolución del expediente. Desde su espacio político, ya anticipan que hablarán de "proscripción" si la Corte ratifica la condena y le impide competir.

El fiscal Villar, en su presentación del 31 de marzo, reiteró que durante el juicio quedó probada la existencia de una asociación ilícita encabezada por la ex mandataria. Aunque en 2022 fue condenada solo por administración fraudulenta, el fiscal insiste en que corresponde también una condena por asociación ilícita, lo que elevaría la pena a 12 años de prisión. El pronunciamiento del procurador sobre este pedido será clave en la evaluación de la Corte, que deberá decidir si acepta o no el planteo del Ministerio Público Fiscal.

Mientras tanto, la tensión política crece y el fallo de la Corte podría marcar un antes y un después en la carrera política de una de las figuras más influyentes del país.

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