La concejal D´amico repudió el voto del diputado Garrido
La concejal Daniela D'Amico hizo referencia al voto expresado ayer en el recinto por el legislador José Luis Garrido y al respecto señaló que "su voto contribuyó para dejar vigente el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, Ley que habría permitido consolidar el acceso a una educación superior de calidad, modernizar la infraestructura y garantizar la inclusión de sectores vulnerables, mejorando significativamente las oportunidades de nuestros jóvenes".
La concejal radical de Río Gallegos, Daniela D´amico, se expresó tras la ratificación del veto presidencial en la cámara de diputados de la nación y señaló particularmente al diputado nacional de Por Santa Cruz, José Luis Garrido, quien acompañó la decisión de Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Educativo.
Al respecto, D´amico señaló: "Su decisión afecta y traiciona a cientos de santacruceños que ven en la UNPA y la UTN la oportunidad de tener un título universitario; y también de aquellos que con mucho esfuerzo dejan Santa Cruz para tener que asistir a las distintas universidades nacionales en el interior del país. Este posicionamiento seguramente direccionado por el Gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal, va en contra de aquella gente que los honró con su voto y confío en ustedes para llevar adelante el destino de Santa Cruz".
D'Amico fue tajante y enfatizó: "No sea cobarde y no se esconda detrás de argumentos endebles como la posible corrupción en las universidades en el manejo de los fondos. Para auditar y controlar los recursos universitarios, existe la Auditoría General de la Nación, que tiene la facultad y el deber de fiscalizar, según la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. La Ley de Educación Superior establece que las universidades nacionales estatales deben ser controladas por la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso y a su vez, contar con mecanismos de auditoría interna".
"Este organismo - agregó - tiene la obligación de auditar la administración de recursos, independientemente de la naturaleza de la institución que los gestione y se incluyen explícitamente a las universidades nacionales como parte del sistema de control. Es su obligación diseñar los mecanismos para efectivizar estas auditorías, ya no está el Procurador Carlos Zannini para impedirlas como habría ocurrido en 2022. Si esta función no se cumple, la responsabilidad no recae ni en los profesores ni en los alumnos, sino en el propio Gobierno Nacional".
Por último la edil UCR de la capital provincial manifestó: "Deseo que reflexione cada vez que un médico formado en una universidad pública lo atienda y recuerde que no hay fundamento posible para justificar poner en peligro la formación de nuestro pueblo. La universidad es parte de nuestra historia, de nuestra identidad como Nación. Es el presente y el futuro del país y un orgullo de las y los argentinos y argentinas. No vamos a permitir que se destruya" concluyó.