Judiciales: "La designación de Lijo y Mansilla en la Corte es un retroceso institucional y los senadores de Santa Cruz deben rechazarlo"

La Federación Judicial Argentina (FJA) y el gremio de Judiciales manifestaron su absoluto rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida, denunciaron, es "manifiestamente inconstitucional" y constituye un "grave atropello a la división de poderes".

Según el comunicado emitido por Judiciales, "la decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a dos varones para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el acuerdo del Senado y por medio de nombramientos en comisión, constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal".

Además, recordaron que el 12 de junio de 2024, cuando el Senado aprobó el ingreso de los pliegos de Lijo y Mansilla para iniciar el trámite formal, ya se había advertido que la propuesta carecía de representación femenina y que ambos candidatos presentaban "antecedentes nefastos".

Cuestionamientos y denuncias

Diversas organizaciones, como Amnistía Internacional, ACIJ, ADC, CELS, ELA, INECIP y Poder Ciudadano, expresaron su preocupación por la designación. "Esta decisión pone en riesgo la independencia del máximo tribunal y refuerza los temores de un deterioro institucional bajo la administración de Milei", advirtieron.

Human Rights Watch (HRW) también se sumó a las críticas y recordó que "numerosas organizaciones de derechos humanos, ciudadanos, asociaciones empresariales y académicos expresaron su preocupación por el historial de Lijo como juez federal". Según el reporte de HRW, hasta octubre de 2024, Lijo tenía "cinco investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura" y había enfrentado "otros 29 procedimientos disciplinarios que fueron archivados, incluidos 16 in limine, es decir, sin ningún análisis".

"Algunos procedimientos se basaron en acusaciones de que Lijo atrasó o manipuló investigaciones por casos de corrupción", agrega el informe. Además, se lo denunció penalmente por "asociación ilícita, lavado de activos y soborno". Según datos recopilados por Judiciales, de las 89 causas de corrupción que pasaron por su juzgado, 26 siguen en período de instrucción, 13 de ellas desde hace más de una década.

Por su parte, sobre García-Mansilla, el CELS advirtió que su trayectoria académica refleja una postura regresiva en materia de derechos humanos. "Rechaza la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la reforma de 1994, lo que significa un obstáculo para la efectiva protección de los derechos humanos en Argentina", alertaron.

También se destacó su postura sobre los derechos de las mujeres y el aborto. "Afirma que la Constitución reconoce el comienzo de la vida con la concepción en el vientre materno y que, por lo tanto, el aborto es inadmisible y la ley 27.610 sancionada en 2020 es inconstitucional", explicaron desde Judiciales. Asimismo, se opuso al fallo F.A.L. de la Corte Suprema, sosteniendo que "las mujeres que sufren una violación y que no padecen una discapacidad mental no tienen derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo y deben ser perseguidas penalmente".

Reclamo a la provincia

Desde Judiciales instaron al gobierno de Santa Cruz a "expedirse y rechazar los pliegos" de los jueces, especialmente ante la postura de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes adelantaron su apoyo a la designación de Lijo y Mansilla.

"Se trata de un retroceso institucional que afecta seriamente la independencia judicial", remarcaron desde la organización, insistiendo en que estos nombramientos "agravan el deterioro del sistema democrático y socavan la confianza pública en el Poder Judicial".

La controversia en torno a estas designaciones promete generar un fuerte debate en el ámbito político y judicial, mientras se espera que el Senado tome una decisión definitiva sobre la cuestión.