Congreso docente decidió paro por dos días

En u duro documento emanado desde el Congreso de Adosac expresaron: “El gobierno de Santa Cruz, sin soluciones para la educación, impide el reinicio del ciclo lectivo”. Serán dos días de paro exigiendo un sueldo testigo de 120 mil pesos.

   En u duro documento emanado desde el Congreso de Adosac expresaron: “El gobierno de Santa Cruz, sin soluciones para la educación, impide el reinicio del ciclo lectivo”. Serán dos días de paro exigiendo un sueldo testigo de 120 mil pesos.



El documento emanado desde el Congreso de Adosac y al que tuvo acceso Diario Nuevo Día indica: 



Tras asistir a los espacios de subcomisión salarial y laboral llevando nuestro pliego de demandas y no habiendo recibido ninguna respuesta concreta ante las problemáticas manifestadas, el Congreso Extraordinario Provincial de la ADOSAC

Resuelve:





RATIFICAR el NO INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE del año con una medida de PARO por 48 horas para los días lunes 01 y 02 de agosto del corriente año, con movilizaciones por localidad. Asimismo, expresamos que las medidas de fuerza tendrán continuidad durante la segunda semana de agosto si no hubiera respuestas concretas a nuestro pliego de reivindicaciones salariales, laborales y pedagógicas. 



Exigimos que ningún docente viva por debajo de la línea de la pobreza. Un salario de $120.000 para el cargo testigo retroactivo al mes de Julio, con cláusula de indexación de acuerdo a los índices inflacionarios que experimente el país.

Ratificar las medidas de fuerzas locales en la ciudad de Gobernador Gregores durante los días 13 y 14 de julio, como así también la medida de fuerza provincial durante el día 15 de julio del corriente año, determinaciones que fueron tomadas en el marco de la crisis edilicia que atraviesan las escuelas santacruceñas.



EXIGIR mayores inversiones en infraestructura escolar. E insistir en el rechazo a la reforma laboral que implica la puesta en práctica de la jornada extendida, política tomada por parte del CPE sin previsibilidad alguna, ni participación real del colectivo docente en el debate por su implementación, todo esto, además, llevado adelante en un contexto de vaciamiento pedagógico. La falta de claridad ante las innumerables aristas planteadas (salariales, laborales y pedagógicas) y que se desprenden de este proyecto impuesto por el CPE genera que la docencia no admita tal  modificatoria.



DEMANDAR nuevamente la descentralización y la presencialidad para las Comisiones de Ofrecimientos en toda la provincia. 

Exigir a CTERA que convoque a un Paro Nacional en el marco de las luchas docentes que hoy se desarrollan en todo el país.



Reafirmar nuestro rechazo a toda medida pedagógica que conduzca al vaciamiento de los contenidos en los niveles primario y secundario, al atropello hacia Ia libertad de cátedra y a Ia flexibilización de las tareas docentes, tal como sucede con “trabajo colaborativo" en la Educación Especial, eufemismo a través del cual se sobrecarga laboralmente a la docencia no permitiendo la atención en la especificidad de los distintos diagnósticos o patologías que son propias de la modalidad.



Además, como Congreso continuamos exigiendo:



El desprocesamiento de los compañeros por luchar. Por la absolución inmediata de nuestros compañeros Claudio Wasquin, Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentín y Gabriela Ance. Basta de criminalizar la Protesta  Social!

El fin de la intervención de la Junta de Clasificación de Educación Inicial y  Especial, exigiendo una vez más la reincorporación inmediata de los Vocales Electos.



Derogación inmediata del presentismo impuesto a través de la Resolución 066/18.



Derogación inmediata de la Resolución 146/22 para permitirle el libre acceso a sus puestos de trabajo para todos aquellos compañeros que hayan optado por la no vacunación.



Exigir el cumplimiento íntegro de nuestro régimen de licencia, muchas veces mal interpretado y por ende mal aplicado por las autoridades de reconocimientos médicos de algunas localidades. Asimismo, solicitamos que se retome la convocatoria de juntas médicas para generar los encuadres de salud necesarios para los compañeros docentes.



La defensa irrestricta de nuestro régimen jubilatorio.



La agilización en el tratamiento de los expedientes jubilatorios.

 


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