DENUNCIA PENAL

En una investigación interna, el municipio desbarató venta de carné de conducir

La Municipalidad de Río Gallegos presentó este miércoles una denuncia penal por la venta ilegal de licencias de conducir, con el aporte de audios y filmaciones que constatan este grave delito.

Redacción Nuevo Día
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"El Municipio de Río Gallegos denunció penalmente una red de venta ilegal de licencias de conducir y aportó pruebas, como filmaciones y audios, que constatan este  delito", indica un comunicado oficial del municipio.

"El Juzgado Penal, a cargo del juez Fernando Zanetta, ordenó un allanamiento en una vivienda que presuntamente es una unidad básica del partido SER, con la leyenda "José Daniel Álvarez Intendente 2023" junto al escudo de la agrupación política mencionada", remarca la información.

La secretaria de Gobierno de Río Gallegos, Sara Delgado, fue quien presentó la denuncia en la Fiscalía N°1. A Delgado le llegó la información sobre la  venta de  licencias de conducir y se inició una investigación interna.

La misma da cuenta de que la persona a cargo de las ventas tenía nexos con personal de la Dirección de Tránsito y también de otros ilícitos contra el Municipio de Río Gallegos, que deberán ser investigados. Las licencias que vendían ilegalmente salían entre 180 mil y 300 mil pesos.

Ante esta grave situación, Delgado convocó a una reunión de urgencia con todo el personal de áreas operativas y funcionarios para informar los alcances de la denuncia, que conlleva la apertura de sumarios, separación preventiva de algunos cargos e intervención del área en caso de que resulte necesario.

Los detalles

La secretaria de Gobierno explicó que: "El allanamiento lo realizaron ante la denuncia que presentó en la Fiscalía, luego de haber tomado conocimiento de la venta de licencias de conducir".

"En este lugar -dijo Delgado sobre la presunta unidad básica de SER- realizaban documentación para luego retirar las licencias en Tránsito Municipal. El costo que tenía estos trámites era entre 180 mil y 300 mil pesos. Lamentablemente hay personas involucradas en el departamento de Tránsito. Apartaremos a los responsables que operaban junto a las personas que viven o residen en esto que fue o es una unidad básica".

La funcionaria resaltó la celeridad de la Justicia. "Presentamos la denuncia y ya han allanado. Todavía desconocemos el resultado. Aportamos en Fiscalía documental que tienen que ver con audios y vídeos donde explican la operación. También documentos con firmas y sellos. Quiero remarcar la decisión del intendente de Pablo Grasso de ir hasta las últimas consecuencias con esto", subrayó.

Luego, detalló las dimensiones del caso: "Primero pone en peligro a la comunidad porque hay personas que accedieron al carnet de conducir de manera ilegal, sin cumplir con los requisitos. Tenemos que contar de qué, se trata esto, el impacto y los alcances. No vamos a permitir estas cosas porque nada tienen que ver con la gestión que llevamos adelante".

Por su parte, el secretario de Legal y Técnica, Gonzalo Chute, indicó que "se tomó conocimiento de este delito penal, además de la responsabilidad administrativa. En esta unidad básica del partido SER se estaban vendiendo licencias de conducir, además de otras cuestiones que saldrán del allanamiento".

"De forma rápida, la DDI Río Gallegos ya trabaja en el lugar. Como siempre ha hecho esta gestión municipal, iremos hasta las últimas consecuencias y es importante la decisión de actuar rápido. Estas son conductas delictuales. Esto afecta a la comunidad. Acá vemos una posible connivencia con un sector político específico", agregó.

"La Secretaría de Gobierno, junto a la de Legal y Técnica, realizaron un gran trabajo para dar por finalizada esta situación delictual. Esto ponía en riesgo la seguridad vial de Río Gallegos. Esto se genera porque hay gente que se suma a estos hechos delictivos comprando los carnets de forma ilegal. Estamos involucrados en cambiar el paradigma a nivel institucional. Se establece un protocolo de actuación, en el que trabaja la Dirección de Tránsito", aportó, por último, el director general de Seguridad y Protección Civil, Miguel Cader.

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