El vocal de la CSS dijo que Grasso "se burla" del afiliado y adelantó que iniciará acciones legales contra el municipio de Río Gallegos

El Gobierno de Santa Cruz, continúa con su reclamo hacia el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, por los aportes personales y patronales que no realiza a   la Caja de Servicios Sociales, pero que descuenta a los municipales. 

A través de un comunicado oficial, recordaron  que atrás la deuda que sostienen municipios de la provincia con la obra social santacruceña. Hace pocas semanas, es de recordar, el ministro de Gobierno, Pedro Luxen, se reunió con representantes de municipios y comisiones de fomento para avanzar en la regularización de dichas deudas.

Entre ellos, el municipio de Río Gallegos que, al momento, sostiene una deuda millonaria para con la obra social estatal y que dista de avanzar en una resolución. Esto, primordialmente, afecta directo a al afiliado a quien se le descuenta el aporte mes a mes.

En este contexto, el vocal por los Activos de la CSS, Manuel Piris,  expresó que la situación con la comuna de Río Gallegos "es una burla al afiliado y de una insensibilidad tremenda por parte del intendente Pablo Grasso".

Consideró que se trata "una pulseada política y una demostración de poder y desprecio hacia el gobierno provincial, pero, además, una burla y abandono a los afiliados". Recordó que la Municipalidad de Río Gallegos tiene más de 300 afiliados trabajadores municipales que no tienen el alta en la obra social porque "Río Gallegos no paga mensualmente lo que tiene que pagar, que son aportes personales y patronales".

Mencionó que se trata, mensualmente, "de una deuda que alcanza los 500 millones de pesos al mes" y remarcó que "es una falta a la ley". En este sentido, Piris adelantó que, como representantes del sector de los Pasivos y Activos, "vamos a plantear iniciar acciones legales para el cobro".

Explicó que, por un lado, "es una ilegalidad retener fondos y no transferirlos a la Caja, pero también es una estafa moral y humanitaria hacia el trabajador municipal, que lo deja en un estado de vulnerabilidad y de mucha angustia".

"Nosotros apelamos a la cuestión humanitaria, el afiliado es el eslabón más débil en toda esta cadena de actores políticos", aseguró el vocal por los Activos y remarcó que "atenta contra los derechos humanos de la persona".

Seguidamente, y para cerrar, recordó que la obra social "fue un botín político en manos del gobierno durante más de 30 años, donde fueron cómplices de no generar pagos en tiempo y forma, esto fue un vicio que se trasladó en el tiempo y hoy ha llevado a la Caja a esta situación, una obra social prácticamente en abandono en donde todas las delegaciones tienen problemas".