El oficialismo logró un triunfo legislativo en el cierre de año: las ausencias en la votación del RIGI y los argumentos centrales

Este jueves, en el tercer intento, el oficialismo pudo aprobar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en la Legislatura de Santa Cruz, en medio de tensiones por el fuerte operativo policial y la presencia de policías armados en el techo del edificio.  

Si bien Por Santa Cruz tiene mayoría en la Cámara de Diputados desde enero pasado, debió acelerar la asunción del exministro de Gobierno Pedro Luxen para garantizar la aprobación este jueves del RIGI, cuestionado por la oposición por las exenciones impositivas, aduaneras y cambiarias a las empresas que estén dispuestas a invertir más de 200 millones de dólares.

En el oficialismo creen que esta herramienta es necesaria para reactivar la economía en la minería, los hidrocarburos y el turismo, entre otros, y mostrar cierta predisposición al mundo empresarial.

"Nuestra provincia -rica en recursos naturales y con potencial desarrollo industrial- se reubica en una posición estratégica para atraer grandes inversiones. Por lo que la adhesión al RIGI representa una oportunidad crucial y única para potenciar la producción, el desarrollo y el empleo genuino por fuera de la órbita estatal", celebró el vicegobernador, mediante un parte de prensa de la Legislatura.

Con el faltazo de Claudia Barrientos, diputada oficialista e integrante de Libres del Sur que dudó en este tiempo en apoyar el RIGI (por eso asumió a contrarreloj Luxen), y de Rocío García, del kirchnerismo, el oficialismo lo aprobó con amplio margen en la votación y aseguró un triunfo legislativo, justo cuando cumple un año de gestión en el Gobierno.

"Cabe mencionar que este régimen ofrece una serie de beneficios fiscales y económicos destinados a fomentar la inversión en proyectos de gran envergadura, promoviendo así el desarrollo regional y la creación de nuevos puestos de trabajo. Con respecto al pasivo ambiental, vale aclarar que el RIGI no tiene ninguna cláusula al respecto; y, por ende, las empresas que deseen invertir en Santa Cruz deberán ajustarse a las leyes y normativas vigentes en nuestra provincia", argumentó la Legislatura. (Diario Nuevo Día)