Denuncia por terrenos contra Pablo Grasso: las pruebas, un cuñado, 1.300 metros cuadrados y 31 adjudicatarios

El Gobierno de Santa Cruz avanzó con dos nuevas denuncias judiciales contra la administración de Pablo Grasso en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), por la presunta entrega irregular de terrenos fiscales en el barrio El Faro de Río Gallegos. La presentación fue realizada por el propio IDUV y sostiene que los terrenos fueron adjudicados sin cumplir con los procedimientos administrativos establecidos, favoreciendo a personas cercanas al exintendente y a su hermana, María de los Ángeles Grasso, quien lo sucedió en la conducción del organismo.

Según el abogado querellante, Dr. Juan Macagno, la investigación comenzó tras detectar documentación sin respaldo administrativo. "Disponer de bienes públicos sin ningún tipo de trámite es una irregularidad grave. No hubo resolución del directorio ni ningún tipo de expediente formal que justifique la entrega de los terrenos", explicó en diálogo con Radio Nuevo Día.

El barrio El Faro, ubicado en una zona de alta valorización inmobiliaria cerca de la ría, formaba parte de un banco residual administrado por el IDUV. De acuerdo con la denuncia, en 2019, días antes de dejar la presidencia del organismo para asumir como intendente, Pablo Grasso firmó adjudicaciones de terrenos sin contar con la aprobación del directorio. "En un documento de solo dos carillas se les otorgó a los adjudicatarios el derecho de permanecer en el terreno con la condición de alambrar y presentar planos, sin un proceso administrativo que respalde esas decisiones", detalló.

Los vínculos con Grasso

Uno de los puntos más llamativos de la denuncia es la lista de beneficiarios, donde figuran familiares y allegados políticos de Grasso. "Se da la particularidad de que entre los adjudicatarios se encuentra el cuñado de Pablo Grasso, quien recibió un terreno de 1.300 metros cuadrados. En el formulario no declaró su vínculo con la familia Grasso, ni que tenía pareja ni hijos, lo cual es una omisión grave", sostuvo el letrado.

El abogado destacó que este tipo de maniobras se repitió en 2023, cuando la hermana del exintendente, María de los Ángeles Grasso, estaba al frente del IDUV. "Nuevamente, en un período electoral, se realizó la adjudicación de terrenos sin respetar los procedimientos legales y con beneficiarios vinculados al entorno de Grasso", explicó.

Consultado sobre la posible responsabilidad de los adjudicatarios, Macagno señaló que la Justicia deberá determinar si actuaron de buena fe o si hubo connivencia. "Si los beneficiarios falsearon información u omitieron datos clave, podrían ser imputados. En algunos casos, si devuelven los terrenos sin presentar oposición, es probable que no se les impute ningún delito. Pero si se demuestra que hubo intención de apropiarse de bienes públicos de manera irregular, deberán responder ante la Justicia", aclaró.

Otro de los puntos de la denuncia es que los terrenos en cuestión tienen un alto valor en el mercado inmobiliario. "No estamos hablando de terrenos fiscales comunes. Son terrenos ubicados en una zona privilegiada de Río Gallegos, que en el mercado inmobiliario se cotizan en dólares", explicó Macagno.

Además, según la presentación judicial, ninguno de los adjudicatarios realizó pago alguno por los terrenos ni cumplió con los requisitos que originalmente se les habían impuesto. "De las 31 personas que recibieron estos terrenos, ninguna hizo un solo pago ni cumplió con las condiciones exigidas. Esto agrava la situación, porque muestra un manejo absolutamente discrecional de los bienes públicos", detalló el abogado.

Plazos judiciales 

La denuncia ya está en manos de la Justicia penal de Santa Cruz, y el IDUV se presentó como querellante. Según Macagno, la investigación podría avanzar en los próximos seis meses y derivar en imputaciones. "Los elementos están a la vista. Se trata de hechos de administración de bienes públicos de manera discrecional y sin respaldo legal. Si la Justicia confirma estos hechos, estaríamos ante una clara violación de la normativa que regula la entrega de terrenos fiscales", señaló.

El abogado estimó que la causa podría avanzar rápidamente debido a la cantidad de pruebas reunidas. "Cuando las pruebas son tan contundentes, el proceso judicial suele ser más ágil. En este caso, se hallaron documentos firmados sin respaldo legal, beneficiarios con vínculos familiares directos con los funcionarios que otorgaron los terrenos y ausencia total de pagos o trámites administrativos. Esto permitiría que, en un plazo de seis meses, ya haya imputaciones y que la causa llegue a juicio oral dentro de un año", explicó.