Contra Uber en Río Gallegos: cómo reclamarán los taxistas, los impuestos que pagan al municipio mientras la App no tributa, y la ley que no se respeta

El conflicto entre los taxistas y la plataforma Uber se profundiza en Río Gallegos. En una asamblea realizada este sábado, los trabajadores del sector acordaron presentar un petitorio a la Municipalidad, exigiendo el cumplimiento de la normativa provincial que impide el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber, que arribó a mediados del 2024 en la capital provincia.  Además, solicitaron la suspensión de las inspecciones municipales a sus vehículos, argumentando que los costos son insostenibles en el contexto actual.

Los taxistas fijaron un plazo de 48 horas para recibir una respuesta oficial. Si no obtienen una solución favorable, llevarán adelante un paro de 24 horas. En ese caso, la protesta incluirá una concentración frente al Automóvil Club Argentino (ACA) en la costanera local, desde donde marcharán cada hora hacia la Municipalidad para manifestarse con bocinazos. 

"Es todo o nada"

En diálogo con Radio Nuevo Día, Leo, taxista, detalló que la mayor parte de su recaudación se generaba en el horario matutino, pero el impacto de Uber ha reducido significativamente su trabajo. "El 60 o 70% de la recaudación se hacía a la mañana. Ahora, puedo estar parado más de una hora sin levantar un solo pasajero", explicó.

Esto sucede porque los viajes en la App Uber, que no tributan al municipio,  pueden costar hasta 50% más barato que en un taxi y remis. Sin embargo, desde 2018 existe una una ley provincial,  que prohíbe la instalación de un servicio de transporte mediante una App. También la ordenanza 4750 sancionada en 2006, que detalla en más de 60 artículos los requisitos para poder habilitar un vehículo en el servicio de taxis, en donde el primer artículo, en el inciso c señala que debe contar con "permiso municipal para la prestación del servicio". 

Además, denunció la falta de acción por parte del municipio y expresó su frustración ante la falta de respuesta por parte de las autoridades. "Si nosotros no presionamos, los funcionarios no hacen nada. No les importa nuestra situación", afirmó.

Uno de los puntos más críticos del reclamo es la posible suspensión de las inspecciones municipales, cuyo costo, aseguran, es elevado y difícil de afrontar en el contexto de crisis. "Queremos trabajar tranquilos y tener todo al día, pero no tenemos la plata. Nos piden una cantidad de papeles y trámites administrativos que suman una fortuna. No estamos en condiciones de afrontarlos", indicó Leo. 

La "uberización" del transporte

El conflicto con Uber no es nuevo y forma parte de una discusión más amplia sobre la "uberización" de la economía. La llegada de la plataforma a Río Gallegos generó un impacto inmediato en el mercado del transporte de pasajeros, atrayendo a conductores que buscan un ingreso extra y a usuarios que priorizan el menor costo del servicio.

"El municipio local ya los truchos no los buscaba, no los investigaba.  Entonces imagínense ahora con Uber, ¿no?Y los truchos eran autos que estaban detonadísimos", recordó 

Leo relató que muchos empleados públicos recurren a Uber para complementar sus ingresos. "¿Qué hace la gente que no llega a fin de mes y tiene auto? Se pone a hacer Uber. Es así de simple", explicó. Sin embargo, esto genera una competencia que los taxistas consideran desleal, ya que afirman que ellos deben cumplir con múltiples requisitos legales y administrativos que los conductores de la plataforma no tienen.

Según estimaciones, actualmente hay cerca de 300 taxis registrados en la ciudad, pero la cantidad de vehículos trabajando en Uber y en transporte ilegal sería aún mayor. "Hay tantos autos truchos y de Uber como taxis y remises en funcionamiento", denunció. 

Revisión de la normativa y costos extra

Otro de los puntos del petitorio elevado al municipio es la implementación de modificaciones en la ordenanza municipal que regula la actividad de los taxis. Entre los cambios propuestos, los taxistas solicitan que se elimine la obligación de que los vehículos sean de color negro y de que se ploteen con los distintivos del servicio.

"El ploteo sale más de un millón de pesos. Es un costo altísimo que nos exigen para poder trabajar", explicó Leo. Además, mencionó que los costos adicionales no se limitan a la regulación municipal, sino que también incluyen el mantenimiento de los vehículos, seguros, combustible y reparaciones constantes. "Nuestro auto no es un auto normal, hace 200 o 250 kilómetros por día. Eso genera un desgaste enorme y costos que la gente no ve", detalló.

En cuanto a los diversos gastos, en la legalidad los taxis deben pagar: 

-Un psico fisco

- Libreta Sanitaria

-Libre deuda fiscal

-Deben estar al día de impuestos

-Un libre deuda infracción

-Gastos de un carnet profesional

-Seguro contra terceros transportados

-VTV 

Un conflicto que puede escalar

El sábado, al finalizar la asamblea de los taxistas, se hizo presente la secretaria de Gobierno municipal, Sara Delgado, un hecho inusual que fue interpretado como una señal de preocupación por parte de las autoridades. "Se nota que están asustados, porque nunca vienen a hablar con nosotros", afirmó Leo. "Ella fue ahí pensando que nosotros un poco más la íbamos a aplaudir y, obviamente, no es que nos acordamos de toda su familia, pero nos da bronca.  Aparece porque sabe que van a pagar un costo político", añadió