Compra de leche en polvo: el gobierno pagó $350 millones a una empresa denunciada por sobreprecios

A comienzos de mayo, la Cámara de Diputados aprobó la Ley N°3850 de Emergencia Alimentaria y Administrativa que había pedido el Ejecutivo y que permite al ministerio de Desarrollo Social y al Consejo Provincial de Educación, realizar compras directas, evitando procesos administrativos, justificándolos como "tramite urgente".

Uno de los ejes de esta ley impulsada por el espacio Por Santa Cruz, fue que ya no hacía falta que el prestatario o vendedor figure en el Registro Único de Proveedores del Estado, al tiempo que obliga a que cada contratación directa sea comunicada en el Boletín oficial o medios de comunicación.

Luego de la aprobación, el Ministerio de Desarrollo Social que todavía estaba a cargo de Jazmín Macchiavelli, inició un trámite para la adquisición de leche entera que iba a ser destinada a la cobertura anual del programa "Crecer con Sabor".

El Ministerio elaboró una compra por 75.000 cajas de leche cuyo destino eran los establecimientos educativos de gestión pública de los niveles inicial, primaria y secundaria de toda la provincia.

El 19 de julio, a las 12 del mediodía, en instalaciones de la cartera social, Dirección General de Contrataciones constató la presentación de seis ofertas, entre las cuales estaban las empresas Forain S.A. y Verónica S.A. y que, posteriormente, el Ministerio decide asignar la contratación a la primera.

La compra de leche tuvo un valor que ronda los $350 millones de pesos, y no tuvo mayor trascendencia, probablemente como consecuencia del escándalo que por entonces salpicaba a la gestión Vidal y al propio ministerio, a raíz de la denuncia de la venta de pure de tomate y otros artículos del programa "Crecer con Sabor", que terminaron en comercios locales.

Sin embargo, Nuevo Día accedió a documentación que revela que una auditoria de rutina realizada por el Tribunal de Cuentas encontró que Forain S.A no estaba en condiciones de pactar la venta de leche para Santa Cruz, dado que no cumplía los requisitos, entre ellos, porque el producto era de una segunda marca llamada Quelech, que no alcanzaba el valor nutricional recomendado.

El informe de la auditoría señala todo tipo de irregularidades administrativas e informa que existirían delitos, ya que se comprobó que el gobierno había pagado en su totalidad la leche, pero que solo había recibido un mínimo porcentaje del stock.

Pero no solo eso. El informe del Tribunal de Cuentas incluye la consulta que se hizo a otros oferentes que se presentaron a la compulsa de precios, quienes confirmaron que el Ministerio de Desarrollo les había notificado que la adjudicación había sido a la firma Verónica, y no a Forain S.A. porque, de los seis participantes, era la única empresa que cumplía técnicamente los requisitos nutricionales exigidos.

Hay que mencionar que Verónica es una firma dedicada al tambo, y que Forain es simplemente un intermediario en el rubro, es decir que, en este caso, la empresa ganadora, debía comprar a otra marca las cajas de Quelech.

Los auditores encontraron que se habría adulterado el expediente de Desarrollo y que el informe técnico que decía que Quelech no cumplía con los requisitos había sido arrancado y reemplazado por otro en el cual sí cumplía con todo.

Fue a través de ese ardid que llevaron a cabo la compra directa con Forain. S.A.

Así las cosas, esta semana, autoridades del Tribunal de Cuentas se presentaron con el resultado de la auditoria y documentación respaldatoria, en la Fiscalía Nº 2 de Río Gallegos, solicitando la investigación pertinente.

Forain S.A integra el Grupo L, del empresario Víctor Lusardi, un próspero proveedor del Estado nacional dedicado a la venta mayorista de productos alimenticios.

A través de sus vínculos con el PRO, tuvo decenas de contratos con el estado, hasta llegar a la Nación, mediante su vínculo con la cartera social en el gobierno de Alberto Fernández, lo que la llevó a estar en el ojo de la tormenta cuando se detectaron sobreprecios.

Forain SA, participó de varias licitaciones escandalosas no solo por los sobreprecios sino también porque no tiene participación en el rubro de la alimentación más que como intermediario.

Su fuerte son los negocios vinculados a las estaciones de servicio y los contratos por servicio de limpieza.

A lo largo de los años, varias licitaciones que lograron para proveer alimentos al estado, terminaron anuladas y con funcionarios renunciados de sus cargos.