Causa Vialidad: como fue el sistema de corrupción en Santa Cruz por el que ratificaron la condena para Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez

La Justicia argentina confirmó la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez por el Caso Vialidad, en el que se los acusó de encabezar una matriz de corrupción para desviar fondos públicos destinados a la obra vial en Santa Cruz. La acusación, liderada por el fiscal Diego Luciani, describió un esquema de fraude y sobrefacturación que se habría extendido desde 2003 hasta 2015, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

El fallo, que ratificó la investigación del fiscal Gerardo Pollicita y la instrucción del juez Julián Ercolini, concluyó que las empresas de Báez, principalmente Austral Construcciones, recibieron el 78% de los contratos de obra pública en Santa Cruz. Sin embargo, gran parte de estos proyectos quedaron inconclusos, y se detectaron maniobras de simulación de competencia, sobreprecios y pagos anticipados sin justificación. En total, la defraudación al Estado podría superar los $84.000 millones, cifra que se incrementa si se considera la inflación.

Durante el juicio, el fiscal Luciani sostuvo que Lázaro Báez fue un socio estratégico de los Kirchner y que el circuito delictivo se extendió hasta la cúspide del poder ejecutivo. Se presentaron evidencias como intercambios de mensajes que revelan la coordinación de Báez con altos funcionarios y miembros de la familia Kirchner para beneficiarse del manejo de los contratos.

La sentencia reafirma una de las investigaciones más emblemáticas sobre corrupción en Argentina y señala la relación directa entre el desvío de fondos públicos y el enriquecimiento de Báez y la familia Kirchner, quienes también utilizaron operaciones inmobiliarias y hoteleras para ocultar el origen ilícito del dinero. A través de sociedades como Hotesur y Los Sauces, se canalizaron pagos y se alquilaron propiedades que nunca fueron utilizadas.

El fallo del Tribunal Oral Federal N°2 no sólo implica una condena para Cristina Kirchner y Báez, sino que también expone las prácticas corruptas en la obra pública durante su gestión.

A pesar de los recursos judiciales presentados, el tribunal determinó que hubo una estructura organizada para defraudar al Estado, beneficiando a un pequeño grupo de empresarios y funcionarios cercanos al poder.

(Fuente: El Diario Nuevo Día)