Causa por corrupción en Santa Cruz: Cristina y un último intento para frenar su posible detención

El lunes, Cristina Kirchner presentó un recurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia, en busca de su absolución en la causa Vialidad, también conocida como la causa por corrupción con la obra pública en Santa Cruz. En el mismo, adelantó que si el máximo tribunal confirmara la sentencia en su contra, recurrirá a organismos internacionales para defender sus derechos.

La defensa de la exmandataria, liderada por el abogado Carlos Beraldi, estaría considerando presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En una segunda instancia, no se descarta acudir a Amnistía Internacional. La decisión se tomaría si la Corte Suprema rechaza la apelación o confirma la pena de seis años de prisión impuesta a Kirchner.

La condena se debe a irregularidades en la asignación de contratos viales a Lázaro Báez, un empresario cercano a la expresidenta. Según la Justicia, estas maniobras generaron un perjuicio al Estado por más de 85 mil millones de pesos.

La estrategia de la defensa
En su recurso, la defensa de Cristina Kirchner sostiene que, durante todo el proceso judicial, se habrían producido violaciones a las garantías constitucionales que podrían comprometer al Estado argentino ante instancias internacionales. La defensa apunta a una presunta connivencia entre la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) durante el gobierno de Mauricio Macri, y los jueces y fiscales que la investigaron y juzgaron.

Esta teoría también se encuentra respaldada por pruebas que serán presentadas ante organismos internacionales, donde se argumentará que hubo un contexto de parcialidad en el que, supuestamente, el Estado habría influido en la condena.

Posibles retrasos en la sentencia
En caso de que la Corte Suprema autorice el juzgamiento por asociación ilícita, como solicitan algunos fiscales, el proceso podría retrasarse considerablemente, ya que el expediente volvería a las instancias de un tribunal oral. Esto implicaría que la pena de seis años de prisión no quedaría firme de inmediato. "Se debe volver a juzgar todo", explicó una fuente judicial.

El argumento central de la defensa de la exvicepresidenta es que la interpretación y valoración de las pruebas por parte de la Justicia fue incorrecta. En particular, se menciona el decreto 54/2009, que en su momento los jueces interpretaron como irregulares, aunque la defensa sostiene que nunca existieron directivas para beneficiar a los contratistas del Estado. (Fuente: El Diario Nuevo Día)