ATE denuncia al Gobierno por el DNU y la privatización de YCRT

La privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) sumó un nuevo capítulo con la demanda presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra el Gobierno Nacional. La acción judicial, radicada en el Juzgado N°73 de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Nacional del Trabajo, busca frenar la implementación de los artículos 8 y 9 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 115/25, al considerar que vulneran derechos laborales fundamentales.

Desde ATE sostienen que estos artículos afectan directamente al Convenio Colectivo de Trabajo vigente en YCRT. Según explicó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, la medida impuesta por el Ejecutivo Nacional "viola principios constitucionales, tratados internacionales y el derecho a la estabilidad laboral".

"El principio de progresividad de los convenios colectivos está amparado por la Constitución Nacional, por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la Convención Americana de Derechos Humanos. El Presidente no tiene facultades para derogar unilateralmente el instrumento que regula las relaciones laborales dentro de la empresa", advirtió Aguiar.

El artículo 8 del DNU establece que el personal de YCRT pasará a regirse bajo un régimen de derecho privado, mientras que el artículo 9 fija un plazo de 180 días para la negociación de un nuevo convenio colectivo de trabajo. Para ATE, esto significa una desregulación del empleo en la empresa y un intento de precarización de los derechos laborales de los trabajadores.

Los antecedentes de YCRT y el riesgo de la desregulación
Históricamente, YCRT ha operado bajo distintas figuras legales, incluso durante los intentos de privatización de los años 90. Sin embargo, nunca se modificó el Convenio Colectivo de Trabajo vigente. Con este DNU, el Gobierno busca modificar ese esquema, algo que el gremio considera ilegal e inconstitucional.

En ese sentido, Aguiar remarcó la urgencia de un fallo judicial "La Justicia debe pronunciarse con celeridad porque si estos artículos siguen vigentes, los trabajadores quedarán en un estado de total indefensión. No solo es necesario declarar la inconstitucionalidad de estos artículos, sino también ratificar la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo y de todas las actas posteriores firmadas", insistió el gremial.

La presentación judicial de ATE solicita específicamente que se declare la ultraactividad del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 3/75 "E", lo que garantizaría su vigencia hasta que las partes lleguen a un nuevo acuerdo de manera libre y voluntaria.

Un conflicto que escala
Este reclamo se suma a una serie de fuerza que los trabajadores de YCRT y ATE han venido realizando en rechazo a la privatización y las medidas del Gobierno en materia laboral. La judicialización del conflicto marca un nuevo nivel en la disputa y podría sentar una clave precedente para otros sectores afectados por reformas similares.

Desde el gremio advierten que, más allá del ámbito judicial, continuarán con su plan de lucha para impedir que se vulneren los derechos de los trabajadores. "No vamos a permitir que avancen con una reforma que solo busca flexibilizar y desregular el empleo en las empresas estatales", concluyó Aguiar.

(Fuente: El Diario Nuevo Día)