CONGRESO DE LA NACIÓN

Aprobación de la Ley de Bases con apoyo de Santa Cruz: YCRT sujeta a privatización, tuvo luz verde el polémico RIGI y las facultades delegadas a Milei

Varios artículos integraron la máxima norma que logró aprobar el gobienro nacional, que entre varios puntos, incluyó la privatización de YCRT con propiedad participada del Estado, poderes al Presidente, y el muy cuestionado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Redacción Nuevo Día
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 La primera ley de Javier Milei, fue aprobada con 147 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones.

Garrido y Roxana Reyes, fueron los legisladores nacionales de Santa Cruz que aportaron los votos para la aprobación de la Ley de Bases. Se abstuvo Sergio Acevedo(Por Santa Cruz), y votaron en contra los kirchneristas Ana María Ianni y Gustavo González.

La Ley de Bases sancionada esta madrugada integra diversos artículos, y declara 4 emergencias por un año: subsisten la administrativa, económica, financiera y energética. Además, delega facultades en el Poder Ejecutivo también en materia administrativa y de emergencia.

Autoriza al Gobierno nacional a eliminar o transformar fondos fiduciarios públicos, garantizando los recursos equivalentes a sus beneficiarios. Queda excluido el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

Además, regula la facultad del Ejecutivo de intervenir entes públicos y lista una serie de exclusiones: Conicet, INCAA, Enacom, UIF, INTA, INTI y ANMAT, entre otras.

En el capítulo laboral, propone incentivos a la registración laboral; modifica el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto del ámbito de aplicación; extiende el período de prueba de 3 a 6 meses; establece que mediante convenio colectivo de trabajo se podrá sustituir el régimen indemnizatorio por un fondo de cese laboral cuyo costo estará a cargo del empleador.

También establece un agravamiento indemnizatorio por despido discriminatorio; considera a los bloqueos causal objetiva para el despido y mantiene las reformas a los artículos 29 -sobre Intermediación, Solidaridad y Subsidiariedad- y 136 -sobre Contratistas e Intermediarios- de la LCT. También, incorpora un capítulo sobre trabajadores independientes, que podrán contar con hasta 3 trabajadores -independientes también- para llevar adelante un emprendimiento productivo.

No obstante, quedaron en el camino el blanqueo laboral, las modificaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales -volviendo voluntarios los aportes- y la reforma que incorporaba nuevos sectores y prestaciones mínimas a la Ley 25.877, de servicios esenciales, y las sanciones penales para casos de bloqueos. Estos no quedaron incluidos en la sanción definitiva de la ley de Bases.

YCRT, SUJETA A PRIVATIZACIÓN 

La norma autoriza la privatización total o parcial de algunas empresas públicas, como AySA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Quedaron afuera Aerolíneas Argentinas, Correo y RTA.

El yacimiento nunca pudo quedar afuera de la norma. Tal es así que José Luis Garrido, integrante de Por Santa Cruz, recordó esto y apuntó contra el kirchnerismo. "No quisieron, no supieron, no avanzaron sobre el estudio del impacto ambiental que hubiese posibilitado más producción por la de Usina que necesita más inversión, más carbón", sostuvo.

Indicó que la Cuenca Carbonífera, situada en zona de frontera, depende de este yacimiento, por lo que "necesitamos ahora salir a buscar al mercado".

"En el Senado uno escucha a la ex gobernadora (Alicia Kirchner) que dice de la necesidad de que (YCRT) siga en manos del Estado, cuando en el mandato de Cristina Kirchner trataron la figura de YCRT y no lo pudieron sacar", recordó.

Así, pidió "responsabilidad" al gobierno nacional, ya que ahora tendrá acciones mayoritarias en la privatización, para que garantice los puestos de trabajo. "Tenemos puerto, carbón , mano de obra calificada", apuntó.

Y justificó su voto. "Vamos a sostener la misma postura, en una vamos a acompañar, en otra no la vamos a hacer. El gobienro va a tener la ley que pidió y el gobierno se hará responsable de las cosas que salgan bien y las que no. Pido responsabilidad al gobienro nacional y lo que vendrá luego de la aprobación de esta ley".

El CAPITULO II de Privatizaciones, contiene el Artículo 90 que señala: Declárase "sujeta a privatización", en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, al Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Ésta podrá únicamente: (i) organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; y (ji) incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.

Aprobación de la Ley de Bases con apoyo de Santa Cruz: YCRT sujeta a privatización,  tuvo luz verde el polémico RIGI y las facultades delegadas a Milei

     Sergio Acevedo fue el único diputado de Santa Cruz que se abstuvo en         la  votación

APROBACIÓN DEL RIGI

La Ley de Bases también contempla la creación de un Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que fue muy cuestionado por especialistas, ya que otorga exenciones y grandes facilidades a grandes inversiones, es decir, empresas. El gobierno nacional pretende con esto atraer inversores externos para inducir el desarrollo industrial y productivo, pero además que ingresen dólares.

"Es demagogia neoclásica", opinó el Economista Daniel Koster.

El RIGI resultará ahora aplicable a las "Grandes Inversiones" en proyectos de forestoindutria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgía, energía, petróleo y gas, que cumplan con los requisitos previstos. En la redacción anterior figuraba "cualquier sector".

Pero también incluyó una modificación para incluir a las pymes, que refiere al plan de desarrollo de los proveedores locales, establecido en el artículo 174 inciso L.

En ese apartado se especifica que cada gran inversión superior a los u$s200 millones tendrá que proponer al menos un 20% de la totalidad de inversión en proveedores en organizaciones nacionales, "siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad". Este cambio fue celebrado por las pymes neuquinas de Vaca Muerta.

La aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en por parte del Senado ya había generado entusiasmo en los mercados, pero también en los sectores y empresas alcanzadas por el nuevo plan de fomento para el desarrollo de proyectos y obras, en particular, en las energéticas y mineras que tienen en carpeta anuncios por al menos u$s80.000 millones para la próxima década.

El RIGI está incluido en el TÍTULO VII de la ley Bases y abarca a 64 artículos, que van el número 164 al 228. En total, el régimen contiene 12 capítulos:

-Creación y ámbito de aplicación.

-Plazo. Sujetos habilitados

-Requisitos y condiciones para la inclusión en el RIGI. Plan de inversión. Procedimientos y efectos

-Incentivos tributarios y aduaneros

-Incentivos cambiarios

-Estabilidad. Compatibilidad con otros regímenes. Cesiones

-Terminación de los incentivos bajo el RIGI

-Régimen Infraccional y Recursivo Aplicable al VPU

-De la autoridad de aplicación

-Jurisdicción y arbitraje

-Jurisdicciones Locales. Declaración de Interés Nacional

-Disposiciones transitorias del RIGI

FACULTADAS DELEGADAS 

 Javier Milei recibió facultades delegadas excepcionales en materia administrativa, económica, financiera y energética.

Diputados establecerá las facultades delegadas que poseerá Javier Milei

En la versión presentada inicialmente en Diputados en abril, el Poder Ejecutivo tenía la intención de poseer facultades delegadas por dos años con la posibilidad de prorrogarlas por otros dos. La versión actual establece una delegación de un año con una prórroga del mismo plazo.

Según el artículo 76 de la Constitución nacional se "prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia púbica. Es decir, que esa delegación podrá darse, siempre y cuando cuente con "un plazo fijado para su ejercicio dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca".

Esas bases, plazos y condiciones son las que, entre otras cosas, se debaten dentro del Congreso durante las últimas semanas. Según la Constitución Nacional, la delegación legislativa es la "habilitación excepcional y limitada que el Congreso puede conferir al Poder Ejecutivo para que éste ejerza temporalmente algunas de las facultades legislativas que la Constitución otorga al Poder Legislativo".

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