Corrupción en la obra pública en Santa Cruz: procesaron y embargaron a 16 ex funcionarios

A tan solo días de que la Corte Suprema de Justicia reciba la sentencia del caso Vialidad, que involucra a la ex presidenta Cristina Kirchner, el juez federal Julián Ercolini ha dado un paso importante en el esclarecimiento de otro capítulo de corrupción en la obra pública vial. En una nueva resolución, el magistrado procesó a 16 ex funcionarios de Santa Cruz que habrían jugado un papel clave en el desvío de fondos públicos destinados a la infraestructura vial de la provincia. La causa, conocida como "Vialidad III", es una derivación del caso central que involucra a la ex vice presidenta, y se centra en las prácticas fraudulentas de los gobiernos provinciales de Néstor y Cristina Kirchner.

La red de corrupción y el rol de Vialidad Provincial
El procesamiento de los 16 ex funcionarios de la Agencia de Vialidad Provincial (AGVP) pone de manifiesto la complejidad y la extensión de la trama de corrupción que operó en Santa Cruz. Según el juez Ercolini, los imputados están acusados de haber facilitado, mediante su actuación en la administración provincial, la adjudicación irregular de contratos de obra pública a Lázaro Báez, el empresario cercano al kirchnerismo que se benefició de manera ilícita con fondos públicos. Los funcionarios procesados, entre los que se encuentran nombres como Guillermo Torres, Orlando Taboada Ovejero y Jorge Pasieczink, habrían actuado de manera coordinada para permitir que el Grupo Austral de Báez obtuviera millonarios contratos sin el debido control ni la competencia correspondiente.

 Los ex funcionarios procesados son: Guillermo Torres, Orlando Taboada Ovejero, Jorge Pasieczink, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Oliva, Gerardo Mansilla, Carlos Mancilla, Roberto Lillo, María Lencina Albornóz, Elio Enrique González, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Cantero, Juan Gelves, Juan Carlos Pistan y Manuel Parras.

El caso "Vialidad III" se concentra en el periodo comprendido entre 2004 y 2015, cuando las políticas de obra pública del gobierno nacional se vieron reflejadas en los gobiernos provinciales, especialmente en Santa Cruz. Durante ese tiempo, las autoridades locales habrían contribuido activamente al desvío de fondos y a la falta de control sobre las obras, permitiendo que el grupo Báez obtuviera un porcentaje significativo de las contrataciones en la provincia.

La figura penal atribuida a los 16 procesados es la de coautores de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, un delito similar al que se le imputa a Cristina Kirchner en el expediente principal, y que también se le atribuye a varios de sus ex funcionarios. La justicia sostiene que los ex funcionarios santacruceños actuaron con pleno conocimiento de la maniobra delictiva, poniéndose al servicio de la misma al permitir que el Grupo Austral obtuviera obras viales sin cumplir con los requisitos de licitación y contratación establecidos por la ley.

La "maquinaria" de corrupción en Santa Cruz
La acusación revela que la estructura de corrupción no solo implicaba a los ex funcionarios provinciales, sino que también estuvo marcada por una serie de acuerdos espurios entre las más altas esferas del poder político y empresarial. En este sentido, los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, afirmaron que los ex funcionarios de la provincia actuaron "a sabiendas y voluntariamente", permitiendo que el esquema de corrupción se mantuviera en funcionamiento durante más de una década.

La maniobra desplegada, según los investigadores, fue posible gracias a un "sistema de cartelización" que favoreció al Grupo Austral de Lázaro Báez. Entre las irregularidades detectadas en el proceso judicial se encuentran la adjudicación de obras a una sola empresa, la publicación de pliegos de licitación con escaso tiempo para presentar ofertas, y el pago de adelantos de hasta el 30% a la firma de los contratos. Todo esto contribuyó a la consolidación de un sistema de corrupción a gran escala, que permitió el desvío de miles de millones de pesos.

Las responsabilidades de los ex gobernadores y ministros
En este contexto, la causa Vialidad III también pone bajo la lupa a los ex gobernadores de Santa Cruz, Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta, quienes fueron responsables durante los períodos en que se desarrolló la trama de corrupción. Los fiscales sostienen que los tres ex mandatarios provinciales, junto a sus ministros de Economía, fueron cómplices al haber colaborado activamente o al haber permitido, por omisión, que el sistema de corrupción se sostuviera en el tiempo.

Los ex gobernadores Acevedo, Sancho y Peralta serán citados a indagatoria en las próximas semanas, según las indicaciones del juez Ercolini. En paralelo, también se investigará a otros actores clave dentro de la administración provincial, como los ministros de Economía de cada gestión, quienes tenían la responsabilidad de controlar el uso de los recursos públicos destinados a la obra pública.

La causa también ha revelado que un alto porcentaje de las contrataciones (el 92%) tuvieron a Vialidad Provincial como comitente, lo que implicaba que la provincia gestionaba directamente la adjudicación y supervisión de las obras, pero sin aplicar los controles necesarios. Esta falta de supervisión contribuyó a que el Grupo Austral de Báez recibiera fondos sin cumplir con los requisitos técnicos y contractuales, lo que permitió que la corrupción prosperara sin obstáculos durante años.

La conexión con el caso central y la condena de Cristina Kirchner
El caso "Vialidad III" es un desprendimiento directo de la causa principal, en la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta. En este expediente, la ex presidenta y otros ex funcionarios del gobierno nacional están imputados por haber facilitado, de manera sistemática, el direccionamiento de obras públicas en beneficio de Báez, quien recibió contratos millonarios a través de su empresa. De hecho, el fiscal Diego Luciani había señalado que la "elección" de Santa Cruz como punto de partida de esta trama de corrupción no fue casual, sino que estuvo vinculada a la estrecha relación entre los Kirchner y Báez, y a la influencia política de la familia en la provincia.

De acuerdo con las investigaciones, el esquema de corrupción se extendió por más de una década, gracias a la coordinación de acciones entre funcionarios nacionales y provinciales. La justicia ha corroborado gran parte de las tesis presentadas por la fiscalía, que apunta a que la corrupción en la obra pública fue facilitada por la falta de controles y la connivencia entre empresarios y políticos.

La lucha contra la impunidad
El procesamiento de los 16 ex funcionarios de Santa Cruz constituye un paso más en la lucha contra la impunidad en el caso de la obra pública. A medida que avanzan las investigaciones, la justicia continúa enfocándose en las responsabilidades de aquellos que permitieron que el desvío de fondos públicos fuera posible en el ámbito provincial, y que favorecieron a empresas vinculadas al poder político.

Con este nuevo procesamiento, se espera que se continúe esclareciendo la magnitud de la corrupción en Santa Cruz y se logren nuevas condenas, tanto a nivel provincial como nacional, en un caso que sigue siendo uno de los más emblemáticos de la historia reciente de la política argentina. 

**Por Lucía Salinas - Periodista de clarin.com