Boluarte, ante la disyuntiva de gobernar Perú hasta 2026 o convocar elecciones

La gran incógnita que rodea la llegada de Dina Boluarte a la presidencia del Perú es si se mantendrá en el cargo hasta el final del período, en 2026, en el que se enfrentaría a un Congreso sin bancada propia con el que aspira a dialogar para sacar al país de la crisis, o si se atenderá el llamado popular de anticipar las elecciones generales.



"Si la situación lo amerita, adelantamos elecciones en conversación con las fuerzas políticas y democráticas del Congreso", dijo hoy Boluarte en un encuentro con periodistas, con lo que abrió una puerta que ella misma había cerrado antes, cuando señaló que se quedaría hasta julio de 2026 porque así lo determina la Constitución.



Según encuestas, una gran mayoría de los peruanos está a favor de que la crisis se resuelva mediante un nuevo proceso electoral, dentro de una dinámica a la que se ha denominado "que se vayan todos".



En las últimas horas, en ciudades del interior, en especial de los Andes centrales y sureños, hubo movilizaciones en exigencia de que la destitución del presidente Pedro Castillo y el ascenso de Boluarte como reemplazo sea sucedido por un proceso que le ponga fin también al actual Congreso.

Si Boluarte, que prometió un "Gobierno de ancha base" y con espíritu dialogante, intenta seguir hasta 2026, tendrá que convivir por tres años y medio con un Congreso calificado desde diversas orillas como agresivo y profundamente desprestigiado, en el que además no tendrá bancada propia.



“La prioridad (de la Presidenta) tendría que ser aproximarse a los moderados”, le dijo a Télam el politólogo Martín Ueda, quien admitió que es difícil pensar que la tímida luna de miel que parecen tener hoy la gobernante y el Parlamento pueda sostenerse en el tiempo.



Ueda no comparte la especulación de que el ascenso de Boluarte sea fruto de negociaciones con la oposición. Para él, de hecho, quien generó los sucesos decisivos del miércoles fue Castillo, cuando, sin medir objetivamente su fuerza, quiso disolver el Congreso sin razones jurídicas para hacerlo.



Para el politólogo Roger Santa Cruz, serán las actitudes que vaya tomando Boluarte las que aclaren dudas. En algunos sectores hay temor de que la presidenta, pese a su origen de izquierda, pueda resultarle funcional a esa derecha radical que perdió los comicios de 2021 con Keiko Fujimori como candidata.



El Congreso, pieza clave en la crisis

En términos amplios, el Congreso se divide en tres bloques: uno de derecha dura, con Fuerza Popular (fujimorismo), Renovación Popular y Avanza País; uno de izquierda, representado por lo que fue el oficialismo (hoy desperdigado en cinco grupos), y uno heterogéneo y no articulado de partidos de centroderecha y centro.



Aunque elegida vicepresidenta junto a Castillo por Perú Libre (PL), Boluarte ya no milita en ese colectivo marxista leninista, pues fue expulsada por discrepar con su líder, el radical Vladimir Cerrón.





Es más, parece haber rechazos a su figura en el sector, lo que significa que en la práctica no tendrá una bancada, algo que ya le ocurrió a uno de sus antecesores, Martín Vizcarra (2018-2020), quien finalmente terminó en soledad y destituido.



La alianza de derecha también ha sido muy crítica de Boluarte e incluso intentó sacarla mediante acusaciones por supuestas incompatibilidades, aunque al final archivó los intentos en su contra, lo que, sugieren analistas, podría haber apuntado a mantenerla como figura de transición.



Antes de designar a su gabinete ministerial, la presidenta se reunió con congresistas: “Hablamos sobre la necesidad de impulsar, también desde el Ejecutivo, una reforma política para recuperar la confianza de la ciudadanía”, dijo una de sus interlocutoras, Adriana Tudela, de Avanza País.



Así, a diferencia de lo que ocurrió con Castillo, a quien desde el primer momento la oposición parlamentaria la apuntó sin opciones a diálogo, con Boluarte por ahora predomina una cierta sensación de acercamiento o al menos de escucharse.

 

Si la gestión de Boluarte fracasa la sucesión presidencial recaería sobre el presidente del Congreso, José Williams.

El actual Congreso, empeñado casi monotemáticamente en la salida de Castillo, no llegaba en los más recientes sondeos a 10% de aprobación popular, apenas un tercio de lo que alcanzaba el presidente, a pesar de las acusaciones por supuestas corrupción e ineptitud.



En ese marco y en el terreno de las especulaciones, los analistas advertían de la posible gran fractura que se habría dado si el Congreso forzaba la situación para sacar a Castillo y a Boluarte y dejar en Palacio de Gobierno a uno de los suyos.



Si se percibiera que se había forzado una situación para darle la jefatura del Estado al presidente del Congreso, José Williams, según esos análisis, podría haber habido una respuesta dura de las calles, no para defender a Castillo, sino para oponerse a su pretendida sucesión.



Es decir, un escenario quizás parecido al de 2020, cuando el Congreso destituyó a Vizcarra y quiso reemplazarlo por su presidente, Manuel Merino, quien al final fue obligado a renunciar tras una semana de revueltas, sangre y muertes.



Pero los continuos “errores no forzados” de Castillo, de los que el mayor fue su intentona calificada de “autogolpe de Estado” -que le costó perder el apoyo incluso de los que le mantenían fidelidad-, matizó consecuencias, junto con el papel de Boluarte como sucesora constitucional.



Eso, en la política peruana, no es garantía de tranquilidad sostenible. En el caso de Castillo, había un choque ideológico, instalado sobre todo en el discurso y los gestos, pues, señala Ueda, el ahora expresidente en la práctica no adoptó ninguna medida que pudiera calificarse de marxista, socialista, izquierdista.



De todas formas, en el anterior quinquenio, el fujimorismo aprovechó la mayoría absoluta que tenía en el Congreso para destituir a Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, pese a que éste también era de derecha y coincidía totalmente en la visión económica.



Los politólogos tratan de buscarle explicaciones a esas dinámicas, pero apuntan finalmente a disputas de poder.



La situación de Castillo

Bajo detención preventiva y con una denuncia por rebelión que puede costarle hasta 20 años de cárcel, Castillo, quien encarnó la esperanza de sectores históricamente relegados, parece un capítulo que se cierra como los de casi todos sus antecesores inmediatos: en manos de la Justicia.



Boluarte, abogada de 60 años, de origen andino, modesto y quechuahablante, que durante 17 años trabajó en un empleo medio para el Estado y que hasta 2021 había sufrido pobres resultados en dos incursiones electorales, tiene ahora el volante en un camino lleno de obstáculos.