La Tupac aún no empieza a pagar las casas que hizo

Luego de concentrar el 50% de las viviendas sociales en Mendoza, por las cuales todavía no comienza a pagar, la Tupac Amaru transita un tiempo entre el repliegue, por el cambio de gobiernos tanto nacional, provincial como municipales, y el intento de redefinirse para sobrevivir. En el medio, tiene que terminar de escriturar las casas realizadas, de las que aún no entrega ni un solo certificado de propiedad.

La organización social se empoderó en Mendoza gracias al kirchnerismo, en la etapa de Cristina Fernández, y logró que le aprobaran en ocho años de presencia local un poco más de 1.000 viviendas en la provincia (entre las terminadas y las que siguen en ejecución). 

Pero más allá de que en la mitad ya viven familias, todavía no pueden empezar a pagar la cuota de ninguna. Esto porque ningún proyecto se terminó desde lo legal, es decir, ninguna casa está escriturada y, por lo tanto, quienes viven no son propietarios sino adjudicatarios. 

Según explicó Damián Salamone, presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la falta de este documento no es responsabilidad de la organización, sino de los municipios que no terminan las obras de urbanización.

En números, del total de 1.011 viviendas sociales que se le adjudicaron a la Tupac en Mendoza, 485 ya están habitadas, aunque sólo 251 están terminadas y las otras 234, para el IPV, están en etapa de ejecución por no contar con algún servicio. "Esto no quita que en algunas ya estén pintando, incluso algunas pusieron quioscos y otras hasta están construyendo ampliaciones”, reconocieron.

En total, las 261 que cuenta el IPV como terminadas significaron un desembolso de 24,5 millones de pesos (que actualizados desde que empezaron representan mucho más dinero), mientras que las 750 en ejecución (muchas de ellas desde hace años) representan $ 205 millones, aunque no todo fue pagado, ya que la entrega está condicionada a la certificación de obras. 

Las más de 1.000 casas fueron gracias a las gestiones que supo hacer Nélida Rojas, líder de la organización social, usando distintas metodologías, incluidos los aprietes y las protestas habituales en la puerta del IPV o donde hiciera falta.

Hoy, con otras reglas de juego por el cambio de gobierno, Rojas cuenta con el compromiso del IPV, con el que reconoce una buena relación, para terminar con los últimos dos convenios que permitieron iniciar 300 casas a fines del año pasado. 

A estas se suman las 450 restantes ya en ejecución. Luego de esto, lo seguro es que el programa por el cual existen no seguirá, al menos como se dio hasta ahora.

La historia en números 

La Tupac Amaru es una organización social que nació en Jujuy con Milagro Sala, hoy detenida y acusada de cometer varios delitos penales. En Mendoza, el movimiento tuvo su primera concreción en 2008, cuando inició su primer plan de construcción en Lavalle, departamento desde el que se proyectaron y en el que han construido la mayor cantidad de casas. Allí registran alrededor de 500.

Estas viviendas sociales son construidas por cooperativas de trabajo, que se enmarcan en el  "Programa Federal de integración Socio Comunitario”, que se inició en la provincia en 2006 y sólo financia la construcción, no la compra del terreno ni la urbanización.

Si bien la Tupac no concentra el 100% del programa, sí monopoliza parte del mismo. La organización social nuclea y construye a través de 20 cooperativas, distribuidas en nueve departamentos. En Mendoza hay 60 organizaciones de trabajo similares, aunque no políticas. Entre todas, edificaron 2.116 casas desde 2006.

Más allá de que la Tupac representa el 30% del total de cooperativas de trabajo, a lo largo de estos años obtuvo el 50% de las viviendas sociales, gracias a su vínculo directo con la Nación.

Las cuotas pendientes

Si bien hay un 25 % de las casas de la Tupac que se consideran terminadas, aún no se pueden escriturar por distintos factores.

El principal motivo que mencionan en el IPV por el cual no puede hacerse la "regularización dominial” es la falta de coordinación con los municipios, que no priorizan en sus presupuestos las obras de urbanización. Esto contrastaba con la agilidad de la Tupac para conseguir que la Nación enviara el dinero. Es decir, el recurso para construir estaba antes que el terreno.

"Nos encontramos con muchos barrios del programa que no han sido concluidos porque los municipios no han podido cumplir con los convenios que se firmaron. Lo que falta tiene que ver con las obras de urbanización. En muchos casos se terminan las obras de las viviendas y las casas quedan inoperativas o sin condiciones de habitabilidad porque no cuentan con redes o servicios correspondientes”, explicó Salamone.

A esto se suman algunas irregularidades que presentaron las construcciones, realizadas en parte por los mismos integrantes de las cooperativas y de las que este diario ha dado cuenta en otras oportunidades. 

En el IPV minimizaron los incumplimientos técnicos y dijeron que se trata de detalles, por el mismo hecho de que la mano de obra es "casera”. Aunque no son pocas las observaciones que el mismo instituto hizo en el pasado, incluido un barrio en Maipú que se inició sin planos presentados.

El problema para iniciar el pago de las cuotas también es reconocido por Rojas, que dijo que la intención de la gente es pagar y, en todo caso, crear con el dinero un nuevo fondo para seguir construyendo viviendas sociales, a vistas de las pocas posibilidades de continuar con el programa nacional.

"Estamos haciendo cierres técnicos, financieros y sociales para poder generar una cuota, es una de las políticas que vamos a implementar este año”, señalaron desde el equipo técnico del IPV. 

Las viviendas sociales en cuestión, a valores actuales están a $ 343 mil, aunque cuando inició el Programa salían $ 56 mil. De allí que los $ 24.5 millones que recibió la Tupac en estos años estén compuestos por distintos montos. De todas maneras, las casas están por debajo de lo que cuesta una del IPV, estimada hoy en $ 430 mil.

A lo que tendrán que devolver los tupamaros se suma, en algunos casos, el valor de los terrenos, en el caso de aquellos que fueron comprados a través del IPV. Aunque en algunos casos los consiguieron a través de donaciones de los municipios o las mismas cooperativas los compraron.