"Como ocurrió en otros convenios, la UTN obtenía un 10% del monto de los contratos"
El Tribunal de Cuentas de Santa Cruz detectó maniobras ilícitas para la contratación de personal y el manejo de fondos por parte del ex Gobierno Nacional. Se iniciaran acciones legales.
La ministra de Salud Rocío García, será denunciada penalmente por el Tribunal de Cuentas de la provincia por graves irregularidades en la administración del Hospital Peliche.
Luego de las denuncias realizadas por miembros de UNION PARA VIVIR MEJOR quedo comprobado que se tercer izaba el servicio del centro asistencial para evitar los procesos legales de contratación y las licitaciones para la compra de insumos.
La Diputada Provincial Roxana Reyes destacó que auditores del tribunal encontraron información suficiente para presumir que existió un delito y solicitar que la Justicia investigue penalmente a los responsables de la administración del hospital Peliche.
"Las investigaciones del Tribunal de cuentas demostraron que en 2016 se triangularon $ 36 millones a través de la UTN para contratar personal como monotributistas sin ningún tipo de control y violando la ley de contrataciones laborales", indicó la diputada.
Según explicó la legisladora, la provincia firmo un convenio de cooperación con la Facultad Regional Santa Cruz que violó el régimen de contrataciones y configuró un desvío de fondos ilícito.
"Es un mecanismo al que nos tienen tristemente acostumbrados el Frente para la Victoria, en el que intervienen organizaciones, universidades o fundaciones a las que el estado delega funciones y por lo que le paga un monto, en general muy exorbitante. Esta triangulacion les permite saltar los controles y las normas del estado. Es algo que usaron en YCRT también con la UTN para realizar millonarias compras sin ningún control de los organismos públicos", remarcó Reyes.
Durante 2016, el gasto en personal administrativo y médico del hospital Fernando Peliche ascendió a $ 36 millones. El personal era contratado y sus facturas de monotributistas abonadas a través de la UTN Santa Cruz.
La investigación del Tribunal de Cuentas también determinó que con la triangulación de contratos se generó "una delegación formal de competencias del Ministerio de Salud y el renunciamiento a los mecanismos de control que le son propios", incluido "el control de los servicios de salud en todos sus aspectos y del personal que prestaba servicios en el hospital".
Como ocurrió en otros convenios la UTN obtenía un 10% del monto de los contratos.
Desde el Tribunal de Cuentas se avanzo con la denuncia penal por considerar que, además de delegación de competencias esenciales a cargo del Ministerio de Salud, hubo precarización laboral, delegación y ausencia de control en los servicios de salud, y desvío de fondos de Salud hacia la sede provincial de la UTN.
Reyes recordó que esta denuncia del Tribunal de Cuentas se suma a otra serie de irregularidades que se cometieron por parte de funcionarios del Gobierno Provincial al frente del Hospital Peliche.
"Hay varias denuncias que ya están realizadas ante la justicia una es por el faltante de equipamientos, por un monto superior a los 7 millones de pesos, otra es por las partidas de medicamentos y alimentos que fueron entregados por el gobierno nacional entre 2014 y 2015 y no fueron distribuidos y se vencieron en los galpones. En ese caso recordemos que se trataba entre otras cosas de una partida de 17.000 kilos de leche vencida que se encontró; es decir que dejaron vencer leche que que podría haber asistido a 315 familias durante todo un año.”
OTRA DENUNCIA EN MARCHA
Reyes ademas recordó que hace pocos días el auditor del Ministerio de Salud de la Nación declaró ante el juez Julián Ercolini en la causa en la que Rocío Garcia se encuentra imputada por defraudación a la administración por el manejo de $ 223 millones del plan Argentina Sonríe.
El Auditor detectó un faltante de equipamiento de mas de siete millones de pesos -$ 7 769 592- en el Hospital Peliche.
En esa causa ademas se encontraron otra serie de irregularidades como desvíos en la ejecución de metas, incumplimientos en los convenios con universidades y rendición de fondos y compras sin los debidos procesos licitatorios.