Aseguran que AFIP desplazó a 40 funcionarios que investigaron a Cristina y a Lázaro Báez

¿Motivo? Haber investigado a la familia Kirchner, al holding de Cristóbal López, a Lázaro Báez o al ex titular del organismo, Ricardo Echegaray, y en ciertos casos haber testificado sobre ellos ante la Justicia, según confirmaron a LA NACION seis fuentes al tanto de lo ocurrido durante el último año.

Las represalias abarcaron a personal de la AFIP en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mercedes, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. A algunos les asignaron tareas administrativas. Otros ni siquiera cuentan con computadora o escritorio asignado. Pero todos cumplen una función: sirven de mensaje disuasorio para los restantes empleados del organismo.

Las represalias llegaron a extremos humillantes. Ese fue el caso de Jaime Mecikovsky, quien ocupó uno de los cargos más altos y sensibles dentro de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad. Como subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior lideró las investigaciones sobre los Kirchner y Báez. Lo enviaron al área de “almacenes”, donde los históricos no recuerdan que un funcionario de tan alto rango haya jamás sido enviado allí, según reconstruyó LA NACION.

Pero la ofensiva fue más allá de Mecikovsky. Alcanzó a contadores, abogados, auditores y hasta un informático. Y en repetidas ocasiones, las represalias conllevaron un descenso escalafonario –con la consiguiente merma salarial-, hasta ubicarlos en el nivel más bajo del convenio laboral. Es decir, como analistas, el rango con que se suele ingresar al organismo.

LA NACION consultó al círculo íntimo de la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, con precisiones sobre los desplazamientos, aunque veinticuatro horas después de recibir la consulta, declinaron hacer comentarios. Pero la posición oficial del organismo es conocida: sostiene que hubo un “lawfare” administrativo en contra de la familia Kirchner y figuras representantivas de ese espacio durante la presidencia de Mauricio Macri y que un “grupo de tareas” llevó adelante un “hostigamiento fiscal” contra un grupo de personas y empresas (de lo que se informa por separado).

Los funcionarios y empleados desplazados, sin embargo, comenzaron a reaccionar. Algunos presentaron impugnaciones administrativas a sus traslados, su descenso en el escalafón o sus bajas calificaciones por desempeño, medidas que conllevaron mermas salariales, según verificó LA NACION. Pero fueron rechazados o, incluso, ni siquiera resueltos. También derivó en al menos una presentación judicial, que tramita en los Juzgados Federales con asiento en La Plata.

En el extremo patagónico

En la Patagonia, la purga incluyó a toda la línea que acató la orden que emitió la Justicia Federal de Río Gallegos en 2017. Dispuso que la AFIP analizara las declaraciones tributarias de Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Esa orden provocó una revisión que, a mediados de 2019, derivó en una determinación de impuestos por $ 8 millones.

Con el arribo de Alberto Fernández a la Casa Rosada y Cristina Fernández al poder, llegó la represalia. Terminaron apartados y con sumarios el funcionario a cargo de la delegación Comodoro Rivadavia (y, por tanto, encargado de la fiscalización a los Kirchner), el funcionario que firmó el acto administrativo determinando esa deuda tributaria, la funcionaria que suscribió el dictamen jurídico que refrendó ese acto administrativo y hasta la funcionaria a cargo de impulsar el cobro ejecutivo de los $ 8 millones adeudados.

No solo eso. La purga también alcanzó a los auditores que evaluaron si el procedimiento había sido correcto o se había registrado un “hostigamiento fiscal” contra la familia Kirchner. Pero fueron desplazados, con merma salarial, tras negarse a firmar las conclusiones del informe final OCV 11-2020, del jueves 25 de junio de 2020, “ajustadas” por la subdirectora general de Auditoría Interna, Gabriela Camiletti, algo que la AFIP negó que haya ocurrido.

En la subdirección general de Grandes Contribuyentes Nacionales, en tanto, la limpieza también llegó tras el traspaso de poder en diciembre de 2019. Alcanzó a los funcionarios que testificaron ante la Justicia sobre el Grupo Indalo o impidieron la licuación en sede administrativa de las acreencias fiscales del holding de Cristóbal López y Fabián de Sousa.

En esa área, el responsable de las represalias fue Mariano Eloy Abruzzese mientras ocupó el cargo de subdirector general del área, antes de pasar a otra. Hijo de quien fue la interventora del Indec en tiempos de Guillermo Moreno, Beatriz Paglieri, Abruzzese barrió con más de veinte jerárquicos del área.

La purga abarcó a los técnicos –contadores y abogados- que analizaron las maniobras tributarias del Grupo Indalo, que radicaron la denuncia penal contra el holding, que testificaron ante la Justicia o que contestaron cada uno de los requerimientos judiciales y elaboraron informes que resultaron determinantes para que la acusación contra Echegaray, López y De Sousa llegara a un juicio oral. Entre otros, cayó el coordinador de la División de Apoyo a la Gestión Penal.

Un dato adicional permite ilustrar el alcance de lo ocurrido: la división que se encargaba de realizar las tareas de investigación en causas penales fue disuelta y todos sus integrantes terminaron en el área de sumarios formales, que se dedica a aplicar multas por incumplimientos de requerimientos. Es decir, un área que por su trabajo –de casi nula relevancia- nunca necesitó más que dos o tres personas. Hoy, al menos seis integrantes de aquella división -que también encaró las investigaciones sobre Ángelo Calcaterra, primo del entonces presidente Macri- terminaron sin tareas y como meros analistas.

Órdenes verbales

A esas barridas se sumó la purga de los superiores de esos contadores y abogados desplazados. Entre esos jefes, quien estaba a cargo de la División Penal de Grandes Contribuyentes Nacionales y confirmó ante la Justicia las conclusiones del Director de Operaciones y el Jefe de Departamento de Investigación. Dato adicional: mientras la AFIP los castigaba, el fiscal del juicio oral, Juan Patricio García Elorrio, convalidó sus testimonios al pedir las condenas de los acusados.

La misma mecánica se repitió con el titular del Departamento de Recaudación de Grandes Contribuyentes Nacionales y también con su superior inmediato –que luego había asumido al frente de la Regional Mercedes-. Los desplazaron y trasladaron a dependencias de menor trascendencia o para las que carecían de experiencia, con el descenso escalafonario al nivel de analistas, merma salarial y órdenes verbales de no asignarles tareas.

Esa purga derivó, sin embargo, en al menos una acción judicial. La radicó uno de los perjudicados, un abogado que como jefe de la División Penal de Grandes Contribuyentes Nacionales declaró en el juicio oral sobre el Grupo Indalo. Inició un expediente por presuntas represalias laborales ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata.

Las purgas continuaron. Entre otras, contra quienes determinaron las deudas tributarias del Grupo Indalo, redactaron una serie de dictámenes jurídicos o los ratificaron como superiores jerárquicos, de tal forma que les impidieron a las empresas del holding ingresar a los planes de pago vigentes de la AFIP por encontrarse procesados López y De Sousa, obligando al Gobierno a impulsar una moratoria que la oposición tildó de “hecha a medida” de los empresarios.

La lista continúa. Porque los castigos también alcanzaron a dos funcionarios que desde la Dirección de Grandes Empleadores promovieron denuncias penales sobre empresas del Grupo Indalo por la apropiación indebida de aportes previsionales, acusación por la que López y De Sousa fueron procesados por la Justicia en lo Penal Económico en 2017. Ambos fueron removidos de sus cargos y les asignaron tareas menores en Seguridad Social, bajo el mando de Carlos Castagnetto.

“Ruta del dinero K” y “causa Dengra”

La lista sigue. Similares castigos recibieron los dos abogados de la AFIP a cargo de la querella en la causa en la que se investigaba el delito de lavado fondos de la obra pública. Tras pedir una pena de 8 años de prisión contra Lázaro Báez por “la ruta del dinero K” y terminada la instancia oral del juicio. Ambos fueron apartados de sus cargos y también enviados a Seguridad Social, temática en la que carecen de experiencia.

En algunos casos, sin embargo, la persecución laboral respondió, en parte, a motivos personales. Así ocurrió con funcionarios y empleados que investigaron el “caso Dengra”, en alusión al ex rugbier Serafín Dengra. El ex jugador de los “Pumas” figura en una investigación penal por los presuntos delitos de pedido de sobornos, tráfico de influencias y estafas junto a integrantes del círculo íntimo de colaboradores de Echegaray. Entre ellos, su ex jefe de Gabinete, Rafael Resnick Brenner, quien arrastra un procesamiento confirmado por presunto pedido de coimas en esta causa, además de una condena en el “caso Ciccone”.

Dengra y los colaboradores de Echegaray, de acuerdo a las probanzas judiciales, habrían conformado una supuesta asociación ilícita cuyos delitos los investigaron los jueces federales de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y de Comodoro Py, Luis Rodríguez. El avance judicial conllevó allanamientos, detenciones, procesamientos, un juicio oral y la condena de uno de los acusados, Miguel Ángel Lamparelli, quien luego se suicidó.

Entre los domicilios allanados figuró, sin embargo, el de un empleado de la AFIP que estaba en pareja –y tuvo hijos- con la actual directora de Fiscalización de la Subdirección Interior, Natalia Mondino, quien reporta de manera directa a la titular de la DGI, Virginia García.